El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley para reformar el sistema de pensiones y garantizar su sostenibilidad y el poder adquisitivo. Resumimos las principales medidas propuestas.
La reforma del sistema de pensiones sigue su curso en España con la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, del ‘Proyecto de ley de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del Sistema Público de Pensiones’. Un texto que modifica el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y que incluye recomendaciones del Pacto de Toledo.
La propuesta del Gobierno establece un nuevo mecanismo de revalorización de las pensiones, que seguirá ligado al IPC. Sin embargo, en caso de registrarse una tasa de inflación negativa, la cuantía de la pensión no se modificará, anulando la reforma de 2013 que establecía un crecimiento constante e independiente del IPC.
Por otro lado, el texto incorpora medidas que buscan retrasar de forma voluntaria la edad de jubilación. Por ejemplo, respecto a la jubilación anticipada voluntaria se calcularán los coeficientes de manera mensual, de forma que se verán beneficiados quienes retrasen la edad de jubilación.
Reforma del sistema de pensiones en España 2021
En lo que respecta a la jubilación anticipada involuntaria se establecerán coeficientes también mensuales, otorgando asimismo mayores beneficios a quienes retrasen todo lo posible la edad efectiva de jubilación, como sucede con la voluntaria.
En todo caso, una vez alcanzada la edad de jubilación, el trabajador podrá continuar cotizando por contingencias comunes a cambio de incentivos como un 4 % adicional, una cantidad a tanto alzado en función de la cuantía de la pensión (para premiar las carreras profesionales más largas) o una combinación de ambas. Son los llamados ‘incentivos de demora’, que buscan acercar la edad real de jubilación a los 68 años en que está establecida.
La edad de jubilación en España, más cerca de los 68 años
Asimismo, el nuevo texto prohíbe que los convenios colectivos establezcan una edad de jubilación forzosa inferior a los 68 años. A cambio, se establece una reducción de hasta el 75 % en la cotización por contigencias comunes en trabajadores mayores de 62 años en situación de incapacidad temporal.
Al tratarse de un Proyecto de Ley, todavía le queda un largo camino legislativo hasta ser aprobado y convertirse en la nueva norma reguladora del sistema público de pensiones en España.
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