CECUA ha celebrado un webinar sobre Compliance Penal para empresas de cuidados de personas, una innovadora iniciativa que pone el foco en una problemática a menudo poco abordada.
Cuando se trabaja con personas, especialmente si pertenecen a colectivos vulnerables, el Compliance Penal se hace más necesario que nunca. Algo que sucede cuando se trata de personas mayores o en situación de dependencia, donde la normativa es mucho más rígida para procurar a estas personas una atención responsable y de calidad que tenga en cuenta sus necesidades.
Para contribuir a la mejora de este aspecto de cumplimiento normativo, el Círculo Empresarial de Cuidados a Personas de Andalucía (CECUA) ha organizado un webinar sobre Compliance Penal para empresas de cuidados de personas, donde se ha instruido a los profesionales de estos ámbitos en modelos de prevención de delitos para reducir su impacto en estas organizaciones.
Compliance Penal en cuidados de personas
Durante el encuentro formativo digital se ha hablado de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en el sector de cuidados a persona, haciendo hincapié en los potenciales delitos que pueden afectarlas, y en la forma de implementar un modelo eficaz de Compliance Penal.
Esta formación ha estado dirigida a las organizaciones dedicadas al cuidado de las personas, y en ella se han abordado potenciales actos criminales cometidos por sus empleados o representantes en relación con el cuidado y la atención de las personas usuarias, como son delitos de maltrato, negligencia o fraude en la gestión de los recursos.
Al respecto, se han proporcionado fórmulas para la prevención de la comisión de estos delitos, que el Código Penal regula respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que pueden ser consideradas responsables penalmente por los delitos cometidos en su nombre o por cuenta de la empresa.
De hecho, la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 fue muy dura con las residencias de personas mayores, al tener la población más vulnerable: a finales de 2022 había más de un centenar de procedimientos judiciales en trámite, lo que pone de manifiesto la necesidad de implementar en las empresas un programa de Compliance Penal que reduzca sus riesgos derivados de la actividad diraria.
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