salud publica

El Ministerio de Sanidad ha publicado una nueva orden que amplía la prueba del talón a 21 patologías, incorporando enfermedades como la inmunodeficiencia combinada grave y la adrenoleucodistrofia. Además, se eleva el límite de edad para el cribado de cáncer colorrectal hasta los 74 años. Esta normativa refuerza los programas de cribado prenatal y neonatal, mejora el acceso a la fecundación in vitro y moderniza la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, garantizando una respuesta rápida ante emergencias sanitarias. Las comunidades autónomas tendrán un año para implementar los nuevos cribados neonatales y dos años para el programa de preeclampsia.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) han instado a las administraciones públicas a garantizar los derechos sanitarios y sociales de los pacientes más vulnerables, con motivo del Día Europeo de los Derechos de los Pacientes. Ambas organizaciones destacan que, aunque estos derechos están reconocidos legalmente, su aplicación es desigual, afectando especialmente a personas mayores, con discapacidad y enfermedades crónicas. La brecha digital y la falta de coordinación entre sistemas sanitario y social son barreras significativas. La PMP ha subrayado la necesidad de políticas públicas que apoyen a las mujeres mayores cuidadoras y aseguren un acceso equitativo a la atención sanitaria. Se hace un llamado urgente a mejorar la accesibilidad, reducir la brecha digital y fomentar la participación activa de los pacientes en decisiones sobre su salud.

La Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) ha expresado su preocupación por la exclusión de los pacientes en las negociaciones del Comité de Huelga Médico, que afecta directamente a miles de personas. La POP había sido invitada a participar en un diálogo constructivo, pero el Comité rechazó su presencia, cuestionando su legitimidad. La organización subraya la importancia de incluir la voz de los pacientes en la resolución del conflicto, ya que son quienes sufren las consecuencias de las huelgas y retrasos en la atención médica. La situación actual requiere una reflexión profunda por parte del Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para encontrar soluciones efectivas y transparentes.

La Comunidad de Madrid destinará 12,5 millones de euros a la compra de vacunas contra el virus respiratorio sincitial (VRS) para proteger a los mayores de 80 años. Esta medida, aprobada por el Consejo de Gobierno, se implementará por segundo año consecutivo y forma parte del calendario de vacunación universal para este grupo etario. La iniciativa busca prevenir complicaciones como bronquitis y neumonías en personas mayores, especialmente en residencias y aquellos con factores de riesgo. Desde el inicio de la campaña, se han administrado más de 85.000 dosis, con el objetivo de inmunizar a más de 100.000 ciudadanos en 2026.

La Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de 33 millones de euros para la adquisición de productos dietoterápicos destinados a pacientes en hospitales públicos y centros residenciales. Este acuerdo, que se ejecutará durante los próximos dos años con posibilidad de prórroga, busca atender las necesidades nutricionales específicas de los pacientes mediante diferentes presentaciones como batidos, tabletas y gelatinas. La centralización de esta compra permitirá homogeneizar los estándares de calidad y establecer un precio único para todos los centros. Además, la Consejería de Sanidad cuenta con una guía desde 2024 para facilitar el uso adecuado de estos productos por parte de los profesionales sanitarios.

Andalucía ha lanzado una nueva Estrategia para promover una vida activa y abordar la soledad en personas mayores, reunindo a más de un centenar de profesionales del ámbito social, sanitario y comunitario en el Instituto Andaluz de Administración Pública. La jornada, organizada por la Consejería de Inclusión, Juventud, Familias e Igualdad, busca fortalecer la autonomía y bienestar de los mayores mediante un enfoque integral. Expertos compartieron conocimientos sobre la importancia de la actividad física, el autocuidado y la participación social. Se formaron grupos de trabajo para generar propuestas concretas que enriquecerán esta estrategia, reafirmando el compromiso con políticas inclusivas en Andalucía.

La Junta de Andalucía lanzará la tarjeta sanitaria virtual a finales de marzo, permitiendo a los ciudadanos realizar trámites sanitarios desde sus teléfonos móviles. Esta iniciativa forma parte de la Estrategia de Salud Digital de Andalucía (ESDA), que cuenta con una inversión de 316,5 millones de euros en cinco años. La estrategia busca mejorar la accesibilidad y modernizar el sistema sanitario andaluz mediante herramientas digitales como videollamadas con profesionales y la integración de aplicaciones. Además, se implementarán proyectos de inteligencia artificial para diagnósticos más rápidos y eficaces. La ESDA también prevé facilitar la renovación de tratamientos crónicos en farmacias y mejorar la ciberseguridad del sistema.

Se han confirmado casos de enfermedad por virus Nipah en Bengala Occidental, India, marcando los primeros desde 2007. El virus, zoonótico y con alta letalidad, se transmite principalmente a través del contacto con cerdos enfermos o frutas contaminadas por murciélagos. Dos enfermeras en Kolkata presentan síntomas graves; una ha mejorado mientras que la otra permanece en coma. Aunque el riesgo global se considera bajo, la OMS mantiene vigilancia debido a la posibilidad de transmisión entre humanos. Las autoridades sanitarias están en alerta y han implementado medidas de control para prevenir brotes adicionales.

La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) ha actualizado sus "Recomendaciones de vacunación 2025/2026", enfocándose en la importancia de la vacunación para la salud pública, especialmente en personas mayores. Este documento revisa las vacunas sistemáticas y no sistemáticas, así como las recomendaciones específicas para mayores viajeros. A pesar de ser una herramienta efectiva para reducir complicaciones y mortalidad, las tasas de vacunación en este grupo etario son bajas debido a factores socioeconómicos, falta de información y dudas sobre la eficacia. La SEGG busca promover la vacunación en adultos mayores, destacando su relevancia en el contexto actual. Para más detalles, se puede consultar el documento completo disponible en su sitio web.

La polimedicación afecta al 45% de la población entre 85 y 94 años en España, según un informe del Ministerio de Sanidad. Este estudio revela que el 30% de las personas mayores de 65 años consume cinco o más medicamentos crónicos anualmente. La prevalencia aumenta con la edad, alcanzando el 44,7% en el grupo de 85 a 94 años. Las mujeres presentan una mayor tasa de polimedicación (30,9%) en comparación con los hombres (28,3%). Los antiulcerosos y antihipertensivos son los fármacos más utilizados. El informe destaca la necesidad de implementar estrategias para un uso racional de medicamentos en personas mayores, considerando las diferencias por género y edad.

El estudio de la revista Neurology (DOI: 10.1212/WNL.0000000000214402) ha dejado una cifra grabada a fuego para los gestores públicos: el 50% de la demencia es evitable. Si extrapolamos los datos de Estados Unidos a la realidad española, el ahorro potencial para el Estado es masivo.

Para el portal Gestión y Dependencia, este cambio de enfoque es crucial. Ya no basta con gestionar la cronicidad; hay que evitar que esta llegue a su fase de dependencia total. Un gestor del SNS debe ver el control de la tensión arterial o la diabetes no solo como un acto clínico, sino como un cortafuegos financiero. A continuación, analizamos las métricas y estrategias que el sistema público debe adoptar para garantizar que nuestra longevidad no quiebre las cuentas del Estado.

En 2023, España experimentó una notable disminución del 7,2% en la tasa de mortalidad ajustada por edad, según el informe del Ministerio de Sanidad. Se registraron 436.124 defunciones, lo que representa 28.293 menos que en 2022. Este descenso se debe principalmente a la reducción de muertes por COVID-19 y afecta especialmente a mayores de 74 años. Las principales causas de muerte continúan siendo el cáncer, enfermedades del corazón y enfermedades cerebrovasculares. Además, el informe destaca una persistente desigualdad de género en las tasas de mortalidad y un aumento en los fallecimientos por enfermedades crónicas debido al envejecimiento poblacional. Estos datos son cruciales para guiar políticas de salud pública y mejorar la atención sanitaria en el país.

El Ministerio de Sanidad ha publicado el Informe Anual 2024 del Sistema Nacional de Salud, revelando que el 74% de la población española percibe su salud como buena o muy buena. El informe destaca una recuperación en los indicadores de salud post-pandemia, con una esperanza de vida al nacer de 83,8 años. Se han registrado avances en la cobertura vacunal y una disminución en las tasas de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y tumores malignos. Sin embargo, persisten desafíos como las listas de espera y la coordinación entre niveles asistenciales. Para más detalles, visita el enlace a la noticia.

La Comisión de Salud Pública ha aprobado el Documento Marco de Recomendaciones para el control de las Infecciones Respiratorias Agudas, una guía estratégica que define la respuesta del Sistema Nacional de Salud ante virus respiratorios en la temporada 2025-2026. El protocolo incorpora la experiencia acumulada tras la pandemia de COVID-19 y adapta las recomendaciones internacionales a un modelo de vigilancia integrada que permitirá actuar de forma escalonada, homogénea y anticipada en todo el territorio.

María José Segarra, Fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, destaca la necesidad de una ley integral que mejore la protección de las personas mayores en España. En una reciente entrevista, aborda los desafíos actuales en la defensa de sus derechos, como el abuso y la negligencia, y la importancia de la autonomía personal. Segarra subraya que la reforma del Código Civil ha permitido un avance significativo al facilitar apoyos sin necesidad de intervención judicial. Además, enfatiza el impacto negativo de la brecha digital en este colectivo y propone políticas públicas que incluyan atención integrada y recursos diversificados. La Fiscalía también juega un papel crucial en prevenir abusos y garantizar que las personas mayores conozcan sus derechos.