Begoña García Gil: “Hay que laboralizar los contratos de asistencia a dependientes”

Begoña García Gil es profesora de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, donde acaba de celebrarse el II Congreso Nacional sobre “Dependencia, cuidados y empleo”, en el que ha presentado su tesis sobre la necesidad de profesionalizar el sector de los cuidados, empezando por la laboralización de los contratos de acuerdo con las funciones y la formación requeridas para llevarlos a cabo.

¿Cuidar a una persona es una cuestión profesional que requiere de una formación específica?

Por supuesto. En España preferimos la asistencia domiciliaria a cualquier otro tipo de ayuda, como es lógico por que dulcifica la situación. Esto tiene un peligro muy claro y es el intrusismo profesional, personas que con muy buena voluntad quieren entrar en el cuidado a la dependencia y no están preparados, ni física, ni psicológicamente. El riesgo psicosocial de un trabajador de la dependencia se incrementa si no tiene el nivel de cualificación adecuado.

Trasladar los cuidados a un dependiente sobre un familiar a cambio de una prestación, tiene muchísimos riesgos físicos (hay que saber coger a una persona para meterla en el baño, por ejemplo), pero también una gran presión psicológica (no descansar, estar siempre en el mismo entorno).

Es necesaria la profesionalización y/o formación para todo el entorno del dependiente en diferentes niveles, por supuesto, pero que incluyan a la familia, especialmente a aquella persona sobre la que recaiga la responsabilidad de cuidar. La gente no puede asumir estas funciones sin estar preparado porque tiene unas consecuencias fatales, tanto para la persona que ejerce ese cuidado, como para la que lo recibe.

¿Qué reformas habría que hacer para que se produjera este cambio en la atención?

Hay que laboralizar los contratos. No podemos utilizar los de servicio de ayuda familiar para el cuidado de dependientes, tal y como se hace actualmente contratando internas entre cuyas funciones se incluye esta atención.

Lo primero, por tanto, es laboralizar todas las figuras para garantizar la calidad del servicio y los derechos de los trabajadores, tanto los estatutarios (recogidos en el Estatuto de los Trabajadores), como los específicos, es decir los derechos que tienen los trabajadores por el hecho de ser ciudadanos.

Con esto, a los usuarios de todos los servicios se les va a garantizar que esos trabajos van a ser de calidad, en un sector donde creo que actualmente hay mucho intrusismo, y una falta de calidad clara y de eficacia.

Se tienen que hacer muchas cosas, pero lo primero y más importante es repasar los servicios que se ofrecen, legalizar todos esos servicios sentándose a ver todas las figuras que están participando, e importantísimo y que después de siete años aún esta pendiente, pasar de la actual jurisdicción de lo contencioso-administrativo a la jurisdicción social todos los conflictos que se deriven de la relación entre trabajadores y empresarios.

Hay bastantes cosas que se pueden hacer con la Ley que tenemos, pero hay que hacerla más eficaz.

¿La Certificación Especial ha sido buena en su opinión?

Yo creo que ha sido chapucera, incluso han prorrogado el plazo ¿para que? Vamos a ver las necesidades que tiene el sector y las necesidades que tienen los trabajadores. Habrá que reconocerles la antigüedad a estas/os trabajadoras/os, pero también formarles. Tenemos un país que habla de la formación continua de los trabajadores/as, de la formación profesional ¿y esta gente no recibe formación? Hay que actualizar al trabajador, y eso pasa por establecer un sistema de reconocimiento del tiempo de dedicación que llevan, pero de adecuación de su formación.

No podemos decir, “nos quedamos con estas trabajadoras porque es injusto echarlas”, ¡pero habrá que formarlas y adaptarlas a las necesidades del servicio que ofrezcan! Aquí hay dos temas distintos; por un lado el sistema de acreditación, habría que ver si se está acreditando adecuadamente a las necesidades, a los cambios que decía, a las funciones que desempeñan; y, por otro, a las que están trabajando y no tienen formación, pero si experiencia profesional, habrá que convalidarles esa experiencia, pero también obligarlas a formarse dentro de su horario laboral, no fuera.

A todos los trabajadores nos reconocen la antigüedad en nuestras nóminas, con trienios, sexenios …, como complemento de antigüedad, pero evidentemente, por muy antigua que yo sea en mi puesto de trabajo, si mañana tengo que cumplir un servicio para el que no estoy cualificada, no me lo pueden dar.

Además, nuestro sistema contempla incluso el despido por falta de adecuación a las innovaciones tecnológicas ¿Por qué a las innovaciones tecnológicas y no a las personas? Me parece tremendo. Estamos hablando de un sector que no trabaja con cosas, sino con las personas.

La falta de formación de esas personas implica, también, que puedan caer en bajas laborales y en incapacidades temporales; en un sector con un alto índice de accidentabilidad laboral, lo que sin duda perjudica al sistema. Una buena formación y política de prevención de riesgos implica una disminución de esos costes, entonces, vamos a hacerlo bien.

Pero, para ello habrá que apoyar al empresario también, no puede dejarse todo este coste al empresario, porque hay empresas que no pueden soportarlo. Algo que, por cierto, ya se ha hecho en otros sectores.

¿Qué hacemos entonces?

Pues para empezar hacer caso a los expertos. Cuenten ustedes con técnicos, empresarios, trabajadores, sindicatos, con expertos en Derecho del Trabajo, que les demos una perspectiva laboral y digamos qué tipo de contratos se pueden hacer, qué cualificaciones se derivan necesariamente de las funciones que tiene cada servicio, repasemos si esos servicios son adecuados, veamos las buenas prácticas que ya tienen otros países como Francia y Alemania.

Y sobre todo, que de una vez por todas laboralicemos las figuras que deben tener su entrada dentro del Derecho del Trabajo, por ejemplo, repasemos qué trabajadores forman parte de un colectivo desfavorecido y se les puede incluir en un programa específico de promoción de empleo, aquí propongo orientarlo especialmente a los jóvenes. Somos un país con un problema de desempleo juvenil brutal y debemos convencer a los jóvenes para que se formen en este sector y cubran puestos de trabajo, “mataríamos así dos pájaros de un tiro”.

Y, además, veamos qué se necesita. A lo mejor hay que crear nuevas formaciones, dentro de la Formación Profesional y hacer propuestas, y luego formación continua a los trabajadores. No se puede acreditar a un señor y certificarle una acreditación para que pueda trabajar y se acabó, ¿para toda la vida con eso siempre? No.

Por ejemplo todas las innovaciones tecnológicas que se han incorporado en el tema de asistencia, muchas de las personas que trabajan en teleasistencia no están preparadas para una llamada de pánico, están preparadas para ser telefonistas; y no es lo mismo que te atiendan en una compañía telefónica para darte de baja, que te llame un teleasistente con una llamada de pánico. A ese señor hay que tener la frialdad de decirle, “no se preocupe le vamos a asistir, no se mueva”.

En teleasistencia propongo dos servicios diferenciados: servicio de recepción de llamadas y que automáticamente supeditado a lo que oye al otro lado del teléfono decida si le puede gestionar esa llamada y, además, mantener a esa persona nerviosa y en pánico al hilo telefónico hasta que puede desviarla al ambulatorio, u otro servicio. No se puede atender a un dependiente a través de un telefonista, no es lo mismo que un teleasistente, no puede ser lo mismo.

¿Por qué la atención sociosanitaria no es un sector atractivo para los jóvenes?

Pues porque no se organiza. Esto no tiene solución inmediata, no podemos pensar que esto se soluciona de hoy para mañana, pero vamos a sentarnos, vamos a hacer una proyección de cinco a diez años; y vamos a hacer una formación con todas las figuras que sean necesarias de formación profesional y no profesional, y vamos a invertir, y a formar a la gente que está ahí, y a "vender"a los jóvenes que aquí hay un yacimiento de empleo, que no solamente se pueda ganar dinero, sino que vean una profesión de futuro.

Tenemos un colectivo muy alto de personas sobrecualificadas, e incluso sin cualificar (que es todavía mas peligroso), que tienen que trabajar y no se trata de decirles a todos iros fuera de España, aquí hay un yacimiento importantísimo.

Además es un sector muy feminizado, el 90% son mujeres, que están trabajando y llegan a casa y siguen trabajando, y esa presión psicológica es brutal. También hay un sector amplio sin preparación alguna, cuidadoras domésticas sudamericanas que han venido a España y se las contrata para esas funciones.

Pero no nos olvidemos que no sólo hay mayores dependientes, también hay dependientes niños, que en ocasiones van a sobrevivir a sus padres, y hay que planificar la vida de esa persona, ¿Qué le vamos a dejar, en manos de la sociedad? Hay que hacer cosas. La sociedad debe ser consciente de que esto implica a muchas personas, agentes sociales, sanitarios, expertos…que le den una vuelta a la Ley de Dependencia que creo no es una mala ley, pero se ha gestionado mal.

¿Qué pasos hay que dar para avanzar en esta reforma?

Hay que establecer un Pacto de Estado y que gobierne quien gobierne (nacional o autonómico) lo respete, y que observe que las medidas que se adopten se vayan cumpliendo. El primer paso sería convocar una Comisión de Expertos, con plazos, con un calendario, porque si nos dedicamos a observar y observar sin tomar medidas no vale para nada.

Hay que establecer un calendario, y hay que reunir a 10 o15 personas en subcomisiones, una de ellas que se dedique a lo laboral, donde se analicen las figuras contractuales, la inclusión de conflictos en la jurisdicción social y el reconocimiento de funciones.

Para solucionar todo ese tipo de problemas, primero hay que saber qué servicios y funciones se hacen, y que ponga fin al popurrí que hay actualmente, en el que, por ejemplo, le pedimos a una persona que cuide bien a un dependiente, pero que también cocine, limpie y vaya a la compra.

En el fondo, si esa persona tiene una formación sanitaria estamos perdiendo recursos humanos, porque esa persona está destinando su tiempo y su energía a cosas para las que realmente no está preparado y, aun estándolo, es muy absurdo.

¿Las familias cuando contratan a un profesional son conscientes de la relación laboral que establecen?

Ahí estamos en un aspecto distinto, primero porque es el domicilio ¿Qué hacemos? ¿Mandamos a la inspección de trabajo al domicilio? Y luego tenemos un problema de mentalización. La sociedad tiene que avanzar y hay que educarla, como en todo, en el sistema ocupacional también. Por ejemplo, en el servicio de ayuda en el hogar familiar, la mayoría de la gente no está dada de alta y, en esto del cuidado, igual, las familias no lo hacen.

Vamos a facilitar que las familias entren en un tipo de contrato en el que puedan desgravarse el coste de ese trabajador, porque ahora no se puede hacer en el IRPF ¿Por qué no puedes desgravar lo que pagas a tus asistentas? ¿Por qué si eres un empleador? Pues trasládalo cuando tienes un dependiente en casa y necesitas esa ayuda, ¿Por qué ese cabeza de familia no lo puede desgravar? Hagan ustedes un tipo de contrato laboral en el que pague su SS, su salario, etcétera.

Cuando legalizas las cosas, garantizas las cosas y, también, de cara al propio trabajador y dependiente. Porque si hace algo mal que perjudica al dependiente, le puedo denunciar, porque usted está legal; y yo, como trabajador, si no me paga mis 14 pagas y no cumplo mi horario le puedo denunciar. Pero fuera de la Ley ¿cómo lo garantizamos?

La legalidad es una garantía bilateral, para el usuario y el trabajador; para el empleado y el empresario. Es para todos.