Chivo expiatorio

En las últimas semanas, una serie de reportajes han vuelto a poner en primera plana el ‘problema’ de las residencias de mayores. O, más bien, ‘los problemas’: precariedad laboral, dificultad para encontrar personal, desmotivación, escasa atención a los mayores, equipamientos insuficientes, un modelo de cuidados anticuado… La lista es interminable. Y la culpa la tienen, cómo no, las empresas del sector. Las mismas que se han dejado la piel durante este año y medio de pandemia por intentar proteger a los mayores, especialmente en los indeseables primeros días de pandemia: aquellos que, entre marzo y abril de 2020, implicaban ver con impotencia cómo centenares de mayores enfermaban y morían en cuestión de horas sin que nadie hiciera nada por auxiliarlos. Prácticamente sin derecho a la más elemental asistencia médica. Sin poder ver a sus familias. Sin una despedida digna. Pero la culpa es de las empresas…

El sector residencial sabe de sobra que tiene problemas. Se enfrenta a diario a ellos: a la impotencia de saberse en la diana de la opinión pública, cuando no de los poderes públicos; a la dificultad para hacer bien su trabajo a pesar de la infrafinanciación casi crónica que sufre; a la frustración de saber que se podría hacer más si se tuvieran más medios.

¿De verdad alguien puede pensar que a una empresa le apetece que se mueran sus clientes? ¿A alguien le entra en la cabeza que a una empresa le parece bien que sus empleados ganen poco dinero y sufran estrés y desmotivación?

Las residencias de mayores no ocultan los errores cometidos durante la pandemia. En sus instalaciones han muerto más de 30.000 personas en un año y medio, dejando un reguero de contagiados y dramáticas historias entre sus paredes. Pero, al mismo tiempo que sufrían lo indecible, trabajaban con la mirada puesta en el futuro: en uno con planes de contingencia contra un virus imprevisible y traicionero; en uno que aliviara el dolor de los aislamientos y mejorase la comunicación con las familias; en uno que, a pesar de las carencias, permita a los empleados seguir poniendo todo de su parte en las mejores condiciones posibles.

Si queremos un sector residencial accesible, resulta imprescindible aumentar la financiación pública. De lo contrario, la única fórmula para cubrir las carencias será subir precios hasta hacer estos recursos inaccesibles para la práctica totalidad de la población. ¿Queremos eso para los mayores cuando, además, son necesarias más plazas para atender a la creciente demanda? ¿Qué intenciones hay detrás de las informaciones que denuncian las ‘condiciones del sector’? ¿Criminalizar a víctimas de un sistema que olvida a los mayores y dependientes?

Hasta que no nos convenzamos de que la suerte de los más vulnerables es la de toda la sociedad, y que esa suerte depende de un sistema de atención a la dependencia decente, no vamos a conseguir solventar esas carencias. Que las hay. Pero el sector no puede arreglarlo por su cuenta, sobre todo si las Administraciones tienen tanto control sobre el mismo. O llegamos a un punto intermedio en el que todos pongan de su parte, o arrastraremos esas carencias por mucho tiempo. Toca ponerse a trabajar: el problema ya es de sobra conocido.