Acalerte ha pedido una “financiación justa, adecuada y finalista” para el sector de atención a la dependencia.
Acalerte ha pedido una “financiación justa, adecuada y finalista” para el sector de atención a la dependencia. La Federación Castellano y Leonesa de Atención a la Dependencia (Acalerte) apuesta por buscar una postura común de Comunidad a la hora de defender un nuevo modelo de atención residencial y por hacer valer que Castilla y León fue la Comunidad pionera en el país, hace ya una década, en adoptar el modelo a la atención centrada en la persona.
“Castilla y León tiene mucha experiencia que aportar en este cambio de modelo”, sostuvo Diego Juez, presidente de Acalerte, y así lo manifestó durante la reunión que mantuvo con el secretario general de la Consejería de Familia, Jesús Fuertes, y al Gerente de Servicios Sociales, Carlos Raúl de Pablos.
Acalerte reclama una mejor financiación de la dependencia
El presidente de la patronal defendió un nuevo modelo de residencias de mayores basado en la “dignificación del colectivo de profesionales”, para lo que pidió un aumento salarial. Aunque, al respecto de este punto, abogó por una financiación “justa, adecuada y finalista” que permita, entre otras cosas, estas mejoras salariales.
“Cualquier modelo, sea estatal o autonómico, debe ir acompañado de una financiación que reúna esas tres características”, sostuvo, en referencia al acuerdo nacional sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia que se está negociando y a la futura Ley de Residencias de Castilla y León, que está pendiente de su tramitación parlamentaria en la Comunidad, ahora a la espera de formar gobierno tras las recientes elecciones autonómicas.
Necesario un nuevo modelo de financiación
Diego Juez consideró “inviable” todo cambio de modelo si no conlleva una inyección económica para sustentarlo adecuadamente. De hecho, explicó que existe una “infrafinanciación del sistema público en España”.
Según subrayó, la solución sería alcanzar el 2 % del PIB de financiación para la dependencia, así como incrementar los precios de una plaza concertada en residencia de mayores hasta una horquilla de entre 2.030 y 2.700 euros al mes, lo que implica entre 67 y 90 euros por día (muy lejos de los actuales 52,57 euros por día).
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