Esta situación mantiene en suspenso la plena aplicación de una norma clave para garantizar la estabilidad, financiación y reconocimiento de las entidades sociales que atienden a millones de personas en situación de vulnerabilidad.
Una ley con recorrido limitado
Origen de la norma
La Ley del Tercer Sector de Acción Social fue aprobada en 2015 con el objetivo de reconocer legalmente el papel de las entidades sociales y establecer un marco estable de colaboración con las administraciones públicas. Pretendía dotar de seguridad jurídica a un sector que, durante décadas, ha suplido carencias del Estado en la atención a colectivos en riesgo de exclusión.
Carencias actuales
Casi una década después de su aprobación, la norma sigue sin contar con un desarrollo reglamentario que permita su aplicación efectiva. Según denuncia el CERMI, esta falta de avances refleja la escasa prioridad que el Ministerio de Derechos Sociales ha otorgado a un ámbito esencial para la cohesión social.
Impacto en las entidades sociales
Inseguridad jurídica y financiera
La ausencia de reglamentos limita el acceso de las entidades a mecanismos estables de financiación y dificulta su planificación estratégica. Miles de organizaciones trabajan con incertidumbre, dependiendo de convocatorias puntuales y sin garantías a medio plazo.
Riesgo para la atención a colectivos vulnerables
Las entidades del tercer sector sostienen servicios esenciales para personas con discapacidad, mayores, infancia en riesgo, población migrante y otros colectivos vulnerables. La falta de desarrollo de la ley amenaza la continuidad de programas y proyectos que garantizan derechos básicos.
Un sector estratégico para el bienestar social
Contribución al sistema de derechos sociales
El tercer sector de acción social es un pilar fundamental para la implementación de políticas públicas en España. Aporta innovación, cercanía y capacidad de respuesta en ámbitos donde la administración no llega. Además, genera cohesión comunitaria y participación ciudadana.
Reivindicaciones históricas
Las plataformas sociales reclaman desde hace años un marco normativo que garantice financiación estructural, estabilidad organizativa y participación en el diseño de políticas públicas. La Ley del Tercer Sector debía ser ese instrumento, pero su falta de desarrollo mantiene al sector en una situación de fragilidad.
Principales carencias identificadas
| Área crítica |
Situación actual |
Consecuencias para el sector |
Propuesta de mejora |
| Desarrollo reglamentario |
Inexistencia de normativa que dé aplicación plena a la ley |
Inseguridad jurídica y desigualdad territorial |
Aprobar reglamentos y criterios comunes de aplicación |
| Financiación estructural |
Dependencia de convocatorias anuales y subvenciones puntuales |
Inestabilidad financiera y dificultad de planificación |
Establecer fondos estables y plurianuales |
| Reconocimiento institucional |
Escasa participación del sector en la definición de políticas sociales |
Falta de influencia en la toma de decisiones |
Crear órganos consultivos con participación vinculante |
| Equidad territorial |
Diferencias entre comunidades autónomas en la relación con el tercer sector |
Desigualdades en el acceso a servicios y financiación |
Coordinar criterios comunes a nivel estatal |
Repercusiones políticas y sociales
Un déficit de compromiso institucional
La denuncia del CERMI apunta a la falta de prioridad política hacia los derechos sociales. Mientras otras leyes cuentan con desarrollos ágiles, el tercer sector continúa a la espera de un impulso que garantice su consolidación como socio estratégico del Estado.
Consecuencias para la ciudadanía
La parálisis normativa no afecta únicamente a las entidades sociales, sino también a millones de personas que dependen de sus servicios. El riesgo de que se debilite la red de apoyo comunitario pone en cuestión la capacidad del sistema para garantizar derechos fundamentales.
Perspectiva de futuro
Necesidad de un pacto estable
El desarrollo de la Ley del Tercer Sector requiere consenso político y diálogo con las entidades sociales. Se necesita un compromiso de Estado que garantice estabilidad a largo plazo y reconozca de forma plena el papel de este sector en la protección social.
Recuperar la confianza
La inacción ha generado desconfianza entre las entidades sociales, que reclaman medidas concretas y no simples declaraciones de intenciones. Un reglamento claro, financiación estructural y mayor participación en la toma de decisiones son pasos imprescindibles para recuperar la credibilidad institucional.
Resumen
La falta de desarrollo de la Ley del Tercer Sector de Acción Social refleja un déficit de voluntad política que compromete la estabilidad de las entidades sociales y, con ello, la atención a colectivos vulnerables. El CERMI exige avances urgentes para garantizar seguridad jurídica, financiación estable y reconocimiento institucional. El futuro del tercer sector dependerá de la capacidad de los poderes públicos para dar respuesta a estas demandas y consolidar un sistema de derechos sociales sólido y equitativo.
Referencias
https://cermi.es/noticia/el-cermi-denuncia-la-ausencia-de-voluntad-politica-de-derechos-sociales-para-desarrollar-la-ley-del-tercer-sector-de-accion-social
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