La Junta de Andalucía ha logrado una gestión en tiempo récord de las subvenciones correspondientes al 0,7% del IRPF, con un presupuesto de 65 millones de euros. La nueva Dirección General de Prestaciones, Ayudas y Subvenciones ha facilitado la tramitación de 436 expedientes, que comenzarán a recibir pagos en enero, mejorando los plazos anteriores. Este avance se debe a la implementación de nuevas bases reguladoras y a un aumento significativo en el número de solicitudes, alcanzando casi 2,000. La Consejería busca garantizar una administración más ágil y eficiente para beneficiar a casi un millón de andaluces. Para más información, visita el enlace.

La Junta de Andalucía ha aprobado un aumento del 4,5% en la ayuda extraordinaria para pensiones no contributivas y asistenciales, beneficiando a casi 98,000 andaluces. Esta medida, impulsada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, se implementará en 2025 y busca mejorar la situación socioeconómica de las personas más vulnerables. La cuantía individual para pensiones no contributivas será de 186,45 euros, mientras que las ayudas del Fondo de Asistencia Social y el Subsidio de Garantías de Ingresos Mínimos alcanzarán los 1,803 euros anuales. Los pagos se realizarán automáticamente sin necesidad de solicitud previa. Esta iniciativa responde a la necesidad de complementar las prestaciones existentes y asegurar el bienestar de quienes carecen de recursos básicos.

La Junta de Andalucía ha convocado a las entidades del tercer sector a participar en la línea de subvenciones de 48,1 millones de euros para la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis+). Esta iniciativa, que cierra el 20 de enero, busca intervenir en 96 zonas desfavorecidas y tiene como objetivo mejorar la inclusión social y laboral de personas en riesgo de exclusión. La consejera Loles López destacó la importancia del trabajo en red entre administraciones y entidades sociales para abordar eficazmente la exclusión social. La Eracis+ se desarrolla en colaboración con el Fondo Social Europeo y prevé una inversión total de 184 millones de euros.

La Junta de Andalucía ha convocado la séptima edición de los Premios ‘Andalucía + Social’ para 2024, que reconocen el esfuerzo de personas y entidades en el ámbito de los servicios sociales. Estos galardones abarcan trece modalidades, incluyendo protección social, dependencia, discapacidad, violencia de género y cooperación internacional. El plazo para presentar candidaturas finaliza el 31 de enero de 2025. Las bases completas están disponibles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Los premios buscan fomentar la participación e inclusión social en toda Andalucía.

CEOMA ha denunciado que casi el 60% de los parados en España son mayores de 45 años, destacando la discriminación por edad en el acceso al empleo. Según datos de diciembre de 2024, las empresas prefieren contratar a candidatos más jóvenes, ignorando la valiosa experiencia y habilidades que poseen los trabajadores mayores. CEOMA exige políticas inclusivas que promuevan la igualdad de oportunidades, como formación continua y programas de mentoring. Además, se subraya la difícil situación laboral de las mujeres mayores de 50 años, quienes enfrentan aún más barreras para encontrar empleo. La organización aboga por medidas que reconozcan y aprovechen el potencial de todos los trabajadores, independientemente de su edad.

La Fundación Vitalia ha donado 17 cabras al poblado de Kithunti en Kenia, mejorando significativamente la calidad de vida de sus habitantes. Esta iniciativa, en colaboración con la asociación Wendano We, proporciona una cabra a cada una de las 15 familias del lugar y dos machos cabríos para la comunidad. La cría de cabras ofrecerá ingresos sostenibles y acceso a leche nutritiva, beneficiando especialmente a niños y mujeres embarazadas. Este proyecto se suma a otras acciones anteriores de Vitalia, como la instalación de un pozo con energía solar y mejoras en la escuela local, reafirmando su compromiso con el desarrollo comunitario y la inclusión social. Para más detalles, visita el enlace.

La protección social adaptativa y reactiva es crucial para ayudar a las personas mayores a enfrentar crisis y adversidades en un mundo inestable. Este enfoque busca garantizar que los más vulnerables cuenten con el apoyo necesario para superar dificultades. Para más información, visita HelpAge España.

Esta medida beneficiará a más de 12 millones de pensionistas, garantizando su poder adquisitivo. La revalorización se aplicará desde el 1 de enero de 2025 y se comunicará a los pensionistas a través de cartas informativas. Para más detalles sobre la subida y sus implicaciones, visita el enlace.

Desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, los pensionistas de la Seguridad Social española que residen en el extranjero pueden acreditar su vivencia para continuar recibiendo sus prestaciones. Este año, la aplicación VIVESS permite a los pensionistas del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y del Instituto Social de la Marina (ISM) realizar este trámite fácilmente desde su teléfono móvil. Se enviarán más de 115.000 cartas informativas a los beneficiarios sobre las ventajas de esta herramienta. La acreditación es obligatoria anualmente y puede hacerse mediante una fe de vida o a través de registros consulares. En 2024, un 36% de los pensionistas en el exterior utilizaron VIVESS, facilitando el proceso y reactivando pensiones suspendidas por falta de acreditación. Para más detalles sobre cómo usar la aplicación, se recomienda consultar los vídeos explicativos disponibles.

La Junta de Andalucía ha aprobado el nuevo Plan General de Inspección de los Servicios Sociales para 2025-2027, que incluye acciones presenciales y no presenciales en diversos sectores, especialmente en centros residenciales para mayores y personas con discapacidad. Este plan busca supervisar el cumplimiento de la normativa vigente y mejorar la atención asistencial mediante un enfoque centrado en la persona. Se estructura en cuatro objetivos estratégicos y establece un marco común para las inspecciones provinciales, promoviendo la homogeneización de criterios y la formación del personal inspector. Además, se recupera el sistema de autodeclaraciones para centros de servicios sociales, lo que permitirá un mejor control y cumplimiento normativo. La duración del plan es de tres años, con evaluaciones anuales sobre su efectividad.