En España hay 2,6 millones de personas mayores de 65 años con discapacidad

En España hay 2,6 millones de personas mayores de 65 años con discapacidad, 400.000 más que en 2008, lo que evidencia la necesidad de aumentar tanto el presupuesto a políticas para cuidados como para el fomento de la prevención.

En España hay 2,63 millones de personas mayores de 65 años con discapacidad. Son datos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia (EDAD) del Instituto Nacional de Estadística, con datos de 2020. Son 400.000 personas más que en 2008, fecha de la última encuesta, lo que evidencia que la cifra no deja de crecer, en línea con las previsiones sobre el aumento de la discapacidad en España como consecuencia de la mayor esperanza de vida.

La encuesta, de hecho, cifra en 4,38 millones de personas las que tienen discapacidad en España con cualquier edad, por lo que casi el 60 % son mayores de 65 años. Un fenómeno que exige soluciones específicas tanto para atender a estas personas como para tratar de evitar que se produzcan estas situaciones, en la medida de lo posible.

Personas mayores con discapacidad en España en 2021

La encuesta EDAD 2020 señala que la proporción que suponen las personas con discapacidad mayores de 65 años sobre el total de las personas con discapacidad es significativamente más alta en el caso de las mujeres (65,9 %) que en el de los varones (51,5 %).

Por otra parte, la tasa específica de discapacidad entre los mayores de 65 años es de 291,4 casos por cada mil habitantes en ese grupo de edad, siendo más alta en el caso de las mujeres (335,2 por mil) que en el de los hombres (235,5 por mil), según destaca la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP).

Hay que mejorar la Ley de Dependencia

Estas cifras demuestran la necesidad de abordar la discapacidad en personas mayores en España desde un prisma que tenga en cuenta la especial incidencia en grupos vulnerables. Para ello, deberán crearse estrategias específicas que pongan en el centro las necesidades de las personas y sus familias, con más presupuesto y nuevos sistemas de evaluación para evitar el embudo que provoca la actual Ley de Dependencia, que mantiene a miles de personas en un limbo a la espera de valoración o, en su caso, para empezar a cobrar su prestación.

Se hace necesario reducir la burocracia para agilizar estos procedimientos y evita que las personas con discapacidad se mantengan durante meses a la espera. Y, en paralelo, es necesario promover la prevención de la discapacidad fomentando el envejecimiento activo, mejorando los sistemas de detección de posibles indicios de patologías que puedan terminar provocando discapacidad y con un sistema de cuidados que descargue el peso de las familias y promueva unos cuidados profesionales en todas las etapas.