Alberto Giménez Artés: “El derecho a ser atendidos en una situación de dependencia no solo es un derecho formal, sino que debe ser de aplicación inmediata”

El Informe Tendencias del Sector Salud 2023 llega en el periodo de transición entre una situación de pandemia y una vuelta a una normalidad en la que habrá que lidiar con las cicatrices causadas tras casi tres años de crisis sanitaria. Analizamos el estado del sector sanitario, sus conexiones con lo social y el cambio de modelo asistencial que da mayor peso a la atención domiciliaria.

¿Cuál es la principal conclusión que se puede extraer del Informe Tendencias del Sector Salud 2023 de la Fundación Economía y Salud?

Para mí es que nuestro sistema nacional de salud está bien encauzado y trabajando cada vez más en la búsqueda eficiente de resultados en salud, de poder disminuir la variabilidad clínica, monitorizar las mejoras prácticas... En términos generales, está avanzando adecuadamente, más allá de los problemas estructurales que pueda tener en temas de recursos humanos, presupuesto y demás.

El Estudio tiene en cuenta datos de 2022, un año que empezó con la explosión de contagios provocada por la variante Ómicron, pero que terminó bastante mejor por la mayor cobertura vacunal y un acusado descenso de los contagios y la incidencia. ¿Se ha notado cierta recuperación en el sistema sanitario o sigue acusando la tensión de los últimos años?

La pandemia ha tenido un tremendo impacto en el sistema, con un desbordamiento de la necesidad de atención a las personas afectadas, una falta de recursos y graves desajustes y problemas muy serios de atención a las personas. Pero, junto a ese problema, el sistema continúa; la atención puede saturarse, pero sus líneas de trabajo, tanto en primaria como en atención especializada, han continuado su trabajo. Y ahora hay un enorme esfuerzo por recuperar los niveles de actividad o listas de espera que ha producido la pandemia. También se ha demostrado dónde tenemos debilidades.

¿Se ha cambiado el modelo hacia uno más proactivo y preventivo, y no tan reactivo como hasta ahora?

Sin duda. Y es una de las medidas que tiene el Informe FES 2022, donde hablamos de medidas con mayor y menor desarrollo. Entre las que se están potenciando, porque son imprescindibles, es la evaluación del impacto económico de las epidemias, así como de la obesidad, el tabaquismo, etc. Cómo nos centramos en promoción, algo en lo que el presupuesto siempre está infradotado. Son lecciones que hemos aprendido de la pandemia y que necesitamos potenciar.

Las personas mayores o en situación de dependencia tienen necesidades muy concretas y diferentes de las de otros grupos. ¿Han notado que ha habido cambios o mejoras para ellos?

Lo primero que se ha observado es un importante desconocimiento no solo en la sociedad civil, sino en algunas estructuras profesionales, donde existe cierta confusión que da lugar a un mal tratamiento de los problemas de salud que tienen los mayores. Una cosa son las necesidades sociales y otra son las sanitarias. Son distintas, y deben ser atendidos por áreas y departamentos distintos, lo cual no quiere decir que estén absolutamente coordinadas.

Vemos cómo los mayores, tanto en las residencias como en los domicilios, no han tenido la atención sanitaria necesaria, en muchos casos por el colapso en el sistema sanitario, y parece que se derivaba a las residencias esa asistencia, cuando no les corresponde. Se ha visto la falta de comunicación directa entre las residencias y las estructuras sanitarias para establecer una buena coordinación sociosanitaria. Y esto es algo que hay que corregir tanto en las residencias como en los domicilios. Hay tecnología muy sencilla para ello.

¿Qué medidas proponen desde la Fundación Economía y Salud para fortalecer esta coordinación entre lo social y lo sanitario?

Proponemos una serie de medidas que parten de que los centros, mal llamados sociosanitarios, porque son de atención social, necesitan estar perfectamente coordinados por un centro de atención primaria, de atención especializada y un hospital. Y tienen que establecer mecanismos para que, ante cualquier problema que presente la persona, haya una respuesta desde el campo sanitario, ya sea con el traslado de profesionales sanitarios al centro o del centro al hospital o al centro de atención primaria. Igual que hablamos de residencias, lo hacemos del domicilio, porque la residencia no es más que un domicilio. Esas 350.000 personas que están en centros de mayores están recibiendo atención sanitaria en el centro, lo que favorece al centro de Primaria del que dependan. Hay que poner en valor la aportación de los centros sociales al sistema sanitario.

Otra medida en la que insistimos es llegar a la modificación legislativa para que una persona con un problema sanitario que necesita ser atendida, y que a veces se retrasa su prestación por un problema social. Pueden pasar meses hasta recibir una prestación social, lo que hace que se termine paralizando también la prestación sanitaria o que se quede en un hospital de agudos, de manera ineficiente. La coordinación social y sanitaria no solo es entre profesionales, sino que hay que pensar en un cambio de legislación que permita la prestación simultánea, porque vamos hacia un envejecimiento de la población que requiere cada vez más recibir prestaciones sociales y sanitarias que deben estar coordinadas.

¿Por qué es tan difícil acceder a esas prestaciones sociales cuando las sanitarias se reciben al instante?

Es una cuestión histórica. Llevamos muchos años con la sanidad como derecho subjetivo universal porque se relaciona con la salud. Pero el derecho a la atención a la dependencia es más reciente y no es tan exigente, porque se entiende que no está en juego la vida, aunque una persona en situación de grave dependencia atendida por un familiar puede generar graves enfermedades.

Venimos de culturas diferentes, donde la sanitaria es diferente de la social. Debemos comprender que el derecho a ser atendidos en una situación de dependencia no solo es un derecho formal, sino que debe ser de aplicación inmediata, lo que nos tiene que llevar a que se modifique la legislación y que cualquier profesional habilitado pueda ordenar una prestación social sin necesidad de un procedimiento administrativo.

Se busca otorgar mayor peso a la asistencia en domicilio, tanto en la parte social como en la sanitaria. De hecho, ustedes hablan de cuidados paliativos en domicilio. ¿Estamos preparados para atender situaciones más complejas en el domicilio de la persona?

Creo que, dentro de la evolución de la sanidad buscando la eficiencia y presionada por el mayor gasto que supone el envejecimiento, todo el mundo ha entendido que hay que huir del ‘hospitalocentrismo’. Es un lugar con grandes medios para situaciones muy urgentes en los menores tiempos posibles, y mientras tanto, si puede estar la persona en casa, produciremos un mejor resultado con más comodidad. Hay que potenciarlo, y se está viendo. Ser eficientes significa que no se necesita que las consultas sean presenciales, sino que pueden hacerse a domicilio si el paciente se encuentra en una situación de dependencia grave o en una situación de salud complicada. Pero necesitamos invertir, hacen falta recursos materiales y humanos, y ahora mismo tenemos cierta dificultad para ello. Pero no cabe la menor duda de que avanzar en ello es imprescindible.