La Junta de Andalucía ha logrado una gestión en tiempo récord de las subvenciones correspondientes al 0,7% del IRPF, con un presupuesto de 65 millones de euros. La nueva Dirección General de Prestaciones, Ayudas y Subvenciones ha facilitado la tramitación de 436 expedientes, que comenzarán a recibir pagos en enero, mejorando los plazos anteriores. Este avance se debe a la implementación de nuevas bases reguladoras y a un aumento significativo en el número de solicitudes, alcanzando casi 2,000. La Consejería busca garantizar una administración más ágil y eficiente para beneficiar a casi un millón de andaluces. Para más información, visita el enlace.

La Junta de Andalucía ha aprobado un aumento del 4,5% en la ayuda extraordinaria para pensiones no contributivas y asistenciales, beneficiando a casi 98,000 andaluces. Esta medida, impulsada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, se implementará en 2025 y busca mejorar la situación socioeconómica de las personas más vulnerables. La cuantía individual para pensiones no contributivas será de 186,45 euros, mientras que las ayudas del Fondo de Asistencia Social y el Subsidio de Garantías de Ingresos Mínimos alcanzarán los 1,803 euros anuales. Los pagos se realizarán automáticamente sin necesidad de solicitud previa. Esta iniciativa responde a la necesidad de complementar las prestaciones existentes y asegurar el bienestar de quienes carecen de recursos básicos.

La Junta de Andalucía ha aprobado el nuevo Plan General de Inspección de los Servicios Sociales para 2025-2027, que incluye acciones presenciales y no presenciales en diversos sectores, especialmente en centros residenciales para mayores y personas con discapacidad. Este plan busca supervisar el cumplimiento de la normativa vigente y mejorar la atención asistencial mediante un enfoque centrado en la persona. Se estructura en cuatro objetivos estratégicos y establece un marco común para las inspecciones provinciales, promoviendo la homogeneización de criterios y la formación del personal inspector. Además, se recupera el sistema de autodeclaraciones para centros de servicios sociales, lo que permitirá un mejor control y cumplimiento normativo. La duración del plan es de tres años, con evaluaciones anuales sobre su efectividad.