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La Comunidad de Madrid ha comenzado el trámite para actualizar el régimen jurídico de atención a personas mayores en plazas públicas. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales publicará una consulta pública en el Portal de Transparencia. Este nuevo decreto busca adaptar la normativa vigente a la Ley de Servicios Sociales, incorporando criterios de calidad y un enfoque centrado en la persona. También se definirán las prestaciones del servicio, tipos de plazas y derechos de los residentes, promoviendo su participación en órganos de representación. Para más detalles, visita el enlace.

La Seguridad Social ha abonado en diciembre un total de 10,3 millones de pensiones a 9,3 millones de pensionistas, con una nómina que asciende a 12.974,2 millones de euros. El Consejo de Ministros aprobó una revalorización del 2,8% para las pensiones, que se aplicará desde el 1 de enero. Esta medida beneficiará a diversas categorías de pensiones, incluyendo jubilación y viudedad. La pensión media del sistema es de 1.261,9 euros, y la media de jubilación alcanza los 1.449,9 euros mensuales. Además, se destaca un aumento en las jubilaciones demoradas y una reducción en las anticipadas. Para más detalles sobre las pensiones y su revalorización, visita el enlace proporcionado.

La Junta de Andalucía ha aprobado un aumento del 4,5% en la ayuda extraordinaria para pensiones no contributivas y asistenciales, beneficiando a casi 98,000 andaluces. Esta medida, impulsada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, se implementará en 2025 y busca mejorar la situación socioeconómica de las personas más vulnerables. La cuantía individual para pensiones no contributivas será de 186,45 euros, mientras que las ayudas del Fondo de Asistencia Social y el Subsidio de Garantías de Ingresos Mínimos alcanzarán los 1,803 euros anuales. Los pagos se realizarán automáticamente sin necesidad de solicitud previa. Esta iniciativa responde a la necesidad de complementar las prestaciones existentes y asegurar el bienestar de quienes carecen de recursos básicos.

La Junta de Andalucía ha aprobado el nuevo Plan General de Inspección de los Servicios Sociales para 2025-2027, que incluye acciones presenciales y no presenciales en diversos sectores, especialmente en centros residenciales para mayores y personas con discapacidad. Este plan busca supervisar el cumplimiento de la normativa vigente y mejorar la atención asistencial mediante un enfoque centrado en la persona. Se estructura en cuatro objetivos estratégicos y establece un marco común para las inspecciones provinciales, promoviendo la homogeneización de criterios y la formación del personal inspector. Además, se recupera el sistema de autodeclaraciones para centros de servicios sociales, lo que permitirá un mejor control y cumplimiento normativo. La duración del plan es de tres años, con evaluaciones anuales sobre su efectividad.

La Comunidad de Madrid ha alcanzado un hito significativo al superar las 2.000 viviendas de alquiler a precio asequible entregadas en 2024 mediante el Plan Vive. Recientemente, se adjudicaron 180 nuevos pisos en Getafe, específicamente en la calle Bella Dorotea. Este programa, que promueve la colaboración público-privada, busca aumentar la oferta de vivienda en la región con un total de 10.500 inmuebles durante la legislatura, de los cuales 2.000 están destinados a jóvenes. Los inquilinos pueden acceder a estas viviendas pagando rentas entre 453 y 583 euros, lo que representa hasta un 40% menos que el valor de mercado actual.

La Conselleria de Familias y Asuntos Sociales ha licitado las obras del centro de largas estancias sociosanitarias de Son Dureta en Palma, con un presupuesto de 6,8 millones de euros. Las empresas interesadas tienen hasta el 27 de enero de 2025 para presentar sus proyectos. Aunque las obras comenzaron en 2022, se detuvieron debido a la insolvencia de la concesionaria. Se espera que los trabajos reinicien en primavera y duren aproximadamente un año. El proyecto incluye 120 plazas residenciales y está financiado con fondos propios y europeos. Para más información, visita el enlace.

El Ministerio de Sanidad ha publicado el primer informe sobre los profesionales de salud pública en las Comunidades Autónomas, que recoge datos de finales de 2022. Este estudio, resultado de la Declaración de Zaragoza, revela que hay 8.583 profesionales en diversas áreas como vigilancia epidemiológica y seguridad alimentaria, con una alta tasa de ocupación del 95,2%. El informe destaca variaciones en la distribución por comunidades y sugiere la necesidad de ratios específicas para cada región. Además, se subraya la influencia del territorio en la asignación de recursos humanos. Este documento es clave para mejorar la gestión y planificación en salud pública en España.

La Junta de Extremadura ha logrado reducir los tiempos de espera para la Ley de Dependencia durante 15 meses consecutivos, disminuyendo el tiempo de espera en 51 días desde la llegada del Gobierno regional de María Guardiola. Actualmente, los ciudadanos extremeños esperan un promedio de 281 días, por debajo de la media nacional de 332 días. Este avance se traduce en un aumento significativo en el número de beneficiarios y prestaciones reconocidas, reflejando una mejora notable en la atención a la dependencia en la región. La reducción de listas de espera y el compromiso del Gobierno regional destacan como indicadores positivos en la calidad y eficiencia de los servicios sociales en Extremadura.