Plazas concertadas en residencias están por debajo del coste real, según ha denunciado ANEA con cifras: concretamente un 12 %.
Plazas concertadas en residencias están por debajo del coste real, según ha denunciado la Asociación Navarra de Entidades Asistenciales (ANEA). En concreto, cifra en un 12 % menos el importe del concierto que reciben respecto a los costes que genera cada plaza.
La cifra ha sido puesta de manifiesto durante la jornada ‘El Caos de la Dependencia’, organizada en Pamplona por CEAPs junto a la propia ANEA. Un evento que ha reunido a profesionales del sector residencial y sociosanitario de Navarra, y en el que también ha participado el Consejo Español para la Defensa de las personas con Discapacidad y/o con Dependencia (CEDDD).
Durante el evento, Rafael Sánchez-Ostiz, presidente de ANEA, ha denunciado la infrafinanciación de las plazas residenciales subvencionadas, lo que, en su opinión, “lleva a que sean las personas mayores que acceden a los centros de forma privada los que financien el tratamiento de los centros”.
Plazas públicas reciben de subvención un 12% menos de lo que cuesta mantenerlas
Es decir, que el hecho de que las subvenciones de las plazas públicas no cubran los costes generados termina perjudicando a quienes acuden a residencias por la vía privada, quienes probablemente pagan un mayor importe por su plaza porque es la única forma que tienen las empresas que compensar las pérdidas que generan las plazas públicas. Algo que “ha llevado a muchas residencias a no optar al concurso público por no poder mantener las plazas al precio que está establecido actualmente”, ha añadido Sánchez-Ostiz.
Un ejemplo de esta dinámica ha sido expuesto durante la jornada: a pesar de que en Navarra los salarios medios son iguales que en Guipúzcoa y Vizcaya, las Comunidad Foral tiene un precio de concierto de 2.200 euros, mientras que en las provincias vascas asciende a 2.900 y 2.500 euros, respectivamente.
Para solventar esta disparidad, en la jornada se ha propuesto una reunión entre los actores implicados en este problema de financiación para alcanzar una modificación del Acuerdo Marco vigente, “ya que este no se revisará hasta 2022”, según ha explicado ANEA en un comunicado posterior. Asimismo, se ha sugerido recurrir a un modelo PEVS (Prestación Vinculada al Servicio), basado en otorgar una cantidad económica a cada usuario beneficiario para que sufrague con ella los servicios que necesite, y que contratará de forma independiente bajo la libre elección de centro.
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