El 3 % de los españoles están en riesgo extremo de pobreza, hasta el punto de haber cobrado en 2020 ayudas para cubrir necesidades básicas como comer, vestirse o pagar un techo.
En España, 3,3 millones de personas sufren grandes carencias materiales, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) recogidos por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Son el 7 % de la población, dentro del cual hay un subgrupo cuya situación es aún más dramática: 1,4 millones de personas necesitaron en 2020 ayuda para cubrir necesidades básicas como la comida, la ropa o un techo. Son el 3 % de la población española.
Como destacan desde la Asociación, el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y las ayudas de emergencia social que ofrecen los ayuntamientos son los recursos que, al margen de la ayuda de la ONGs, tienen a su alcance estas familias. Pero existe una enorme dificultad para acceder a ellas, como denuncian desde la Asociación, lo que “dificulta a cientos de miles de familias que lo necesitarían percibir el IMV, de manera que solo llega a 428.000 hogares, la mitad de los 850.000 que el propio Ministerio consideraba como potenciales receptores”, explican.
Diferentes coberturas de ayudas sociales por Comunidades Autónomas
Respecto a las ayudas, no todas las Comunidades Autónomas tienen el mismo grado de éxito, con coberturas muy dispares que se ejemplifican con Cataluña llegando al 91 % de quienes lo necesitan y Galicia al 2 %. Además, como denuncia la entidad, la cuantía de estas ayudas “es muy reducida”, con 235 euros mensuales de media por receptor. No obstante, en Comunidades como Castilla-La Mancha se superan los 1.200 euros, mientras que en Andalucía apenas se queda en 91 euros. De nuevo, grandes diferencias entre territorios.
“Son muchas las entidades locales que han incrementado sus presupuestos destinados a ayudas de urgente necesidad en los dos últimos años, pero los procedimientos burocráticos y la rigidez de las intervenciones municipales limitan el acceso o retrasan el cobro y, por tanto, la eficacia de las ayudas”, denuncia la entidad. “Hay ayuntamientos que pueden tardar hasta dos meses en dar una ayuda de urgencia social y las trabas a la hora de justificarlas ante la Intervención son dificultosas y humillantes”, explica, y añade que “la estricta interpretación de la norma, que considera estas ayudas como subvenciones, es una de las causas de esta situación, por lo que urge modificarla o interpretarla de manera menos rigurosa”.
En este sentido, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales propone las siguientes medidas para aliviar la situación de estos ciudadanos: modificar la norma para exceptuar a estas ayudas de la Ley General de Subvenciones y agilizar todo proceso de evaluación y concesión para acortar los tiempos. “En definitiva, planteamos la necesidad de derogar el procedimiento administrativo que hace que las ayudas de emergencia social sean tratadas como cualquier subvención (incluso millonaria) a una entidad, y vincular su concesión y pago a procedimientos ágiles basados en la prescripción social facultativa del profesional de referencia de los Servicios Sociales municipales”, resumen.
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