Mejora la ordenación del sector, pero el escaso incremento presupuestario limita la oferta de servicios y prestaciones a la ciudadanía.
El escaso desarrollo de los servicios sociales para personas mayores y el desmantelamiento de los recursos destinados a la inserción social son los principales exponentes de lo que llamamos “derechos de papel”
Navarra y Castilla y León recibirán un premio como las Comunidades con mejor calificación de sus servicios sociales en los últimos diez años.
El IDEC 2022 describe la situación de los servicios sociales tras la pandemia. A nivel global se constata una mejora, tras el retroceso registrado en 2021, como consecuencia, sobre todo, de los avances en la ordenación del sector (normativa). Sin embargo, la relevancia económica de los servicios sociales apenas evoluciona, lo que conlleva el deterioro de los servicios sociales dirigidos a las personas mayores o el desmantelamiento de los recursos para la inserción social de personas y familias en situaciones de exclusión social.
Deterioro de los servicios sociales dirigidos a las personas mayores Los servicios sociales dirigidos a las personas mayores registran un estancamiento o incluso un retroceso tras la pandemia
Las plazas residenciales públicas apenas aumentan desde 2019 (incremento porcentual de sólo 6 centésimas). Pero es sobre todo en los servicios domiciliarios (ayuda a domicilio, teleasistencia) y en los centros de estancias diurnas donde el deterioro de la oferta de servicios sociales para personas mayores es más acusado, lo que hace difícil que se puedan llevar a cabo las estrategias de desinstitucionalización que se están impulsando desde las Administraciones. Desde 2014 los Centros de Día van reduciendo lentamente su escasa cobertura (1,10% en 2014, 1,05% en 2021).
El servicio de Ayuda a Domicilio mantiene una cobertura del 5% desde el año 2018, mientras que su intensidad sigue por debajo de 20 horas mensuales.
Por último, la teleasistencia domiciliaria va reduciendo su cobertura desde 2018, y ya son menos del 10% de las personas mayores de 65 años quienes la reciben.
Es prioritario desarrollar estos servicios para personas mayores, ya que sin ellos resulta imposible garantizar unos cuidados en su entorno cuando se encuentran en situaciones de dependencia, y sería arriesgado acometer estrategias de desinstitucionalización sin merma de su calidad de vida y la de sus familiares o personas cuidadoras.
Desmantelamiento de los recursos para la inserción social
La implantación del Ingreso Mínimo Vital (2020/2021), destinado a cubrir carencias económicas de personas y familias (pobreza), habría permitido a las Comunidades Autónomas destinar todos los recursos de sus Rentas Mínimas de Inserción a llevar a cabo procesos de inclusión social con personas y familias en situaciones de exclusión. Sin embargo, los aproximadamente 1.500 millones de euros de las Rentas Mínimas no se han destinado a esta finalidad. Muchas Comunidades han desmantelado sus RMI, y han dedicado sus recursos a otras partidas diferentes a los servicios sociales.
En 2020 había en España 794.567 personas que percibían las RMI, el 9% de las personas bajo el umbral de la pobreza; en 2021 eran 644.136, el 7,7%: 150.431 personas menos (-19%). 13 Comunidades han reducido los perceptores de sus RMI, mientras que sólo cuatro los han aumentado; esta es la evolución, en porcentaje, de los perceptores de las RMI en cada Comunidad en 2021 respecto a 2020:
Castilla-La Mancha
-62%
Cantabria
-37%
País Vasco
-6%
C. de Murcia
-54%
Aragón
-31%
C. Valenciana
+8%
C. de Madrid
-44%
Extremadura
-20%
Navarra
+10%
Baleares
-42%
Cataluña
-18%
Canarias
+19%
Castilla y León
-42%
Asturias
-10%
La Rioja
+56%
Andalucía
-38%
Galicia
-9%
SE RALENTIZA EL GASTO QUE LAS ADMINISTRACIONES DEDICAN A SERVICIOS SOCIALES – 462,7 € fue el gasto en servicios sociales que hicieron las administraciones en 2021 – 9,27% es el porcentaje que supuso sobre el presupuesto total de las administraciones – 1,82% es el porcentaje del PIB que España destina a Servicios Sociales públicos
Desde 2014 se incrementa el gasto que realizan las Administraciones Públicas en servicios sociales. No obstante, en 2021, último del que existen datos oficiales del presupuesto liquidado de las Administraciones, se aprecia una ralentización de ese crecimiento, con un incremento de sólo un 3,5% respeto al año anterior (+15,8 €). El porcentaje del PIB que supone el gasto en servicios sociales públicos fue 1,82% en 2021, seis centésimas menos que hubieran supuesto casi 1.000 millones de euros más, de haberse mantenido el porcentaje del año anterior.
Aunque en 2021 la participación de las Comunidades Autónomas en la financiación del Sistema aumentó más de dos puntos, la tendencia desde 2012 es claramente decreciente: ese año suponía un 85,3%, y en 2022 un 71,8%, 14,5 puntos menos. Este retroceso se produce incluso teniendo en cuenta el incremento de financiación por parte del Ministerio de Derechos Sociales en materia de Dependencia, que repercute en el presupuesto de las Comunidades. Lo que sugiere que algunas (11, según el Observatorio de la Dependencia), han utilizado ese incremento de financiación estatal para reducir sus propias aportaciones, en lugar de ofrecer más y mejores prestaciones y servicios a la ciudadanía.
GRANDES DIFERENCIAS ENTRE COMUNIDADES.
Año tras año se constatan las grandes diferencias entre territorios, que suponen una gran desigualdad de oportunidades reales para hacer efectivos derechos muy básicos de las personas, en función de su lugar de residencia. Sin considerar las Comunidades con régimen foral, como el País Vasco, con 1.007 € de gasto por habitante en servicios sociales, encontramos diferencias tan importantes como Extremadura, con 561 €, un 65% más que en Murcia, con 340 €. El porcentaje del PIB regional que las Administraciones Públicas del País Vasco destinan a Servicios Sociales (3,1%), o Canarias (2,6%), triplican el que destinan las Administraciones Públicas de la Comunidad de Madrid, con solo el 1,0%. Estas diferencias de gasto se manifiestan en la cobertura de prestaciones y servicios en los diferentes territorios; estos son algunos ejemplos: El número de habitantes por profesional en los servicios sociales comunitarios de Canarias (3.241) es casi cinco veces superior a Navarra (689). El % de plazas residenciales públicas para personas mayores es 4,4 veces superior en Castilla y León (5,96%) que en Valencia (1,15%). La Comunidad de Madrid, con 8,96%, ofrece una cobertura 17 veces mayor de Ayuda a Domicilio que Extremadura (0,53%). Y mientras La Rioja ha incrementado un 56% los perceptores de sus Rentas Mínimas de Inserción tras la implantación del IMI, Murcia los ha reducido un 62%. El aspecto donde se ha logrado igualar a todas las Comunidades es que desde 2022 todas ellas cuentan con una Ley de Servicios Sociales de nueva generación, tras la aprobación de la ley de la Comunidad de Madrid.
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