La FED defiende la iniciativa privada en el sector de la dependencia ante las afirmaciones de “algunos dirigentes autonómicos en las que se afirma que los servicios sociales no deberían llevarse a cabo por empresarios”.
La FED defiende la iniciativa privada en el sector de la dependencia. La Federación Empresarial de la Dependencia destaca el caso de Beatriz Ortolazabal, consejera de Empleo del Gobierno Vasco, por haber “firmado un proyecto de decreto que atenta directamente contra las residencias privadas”, según esgrime.
El proyecto en cuestión obliga a cumplir unos requisitos materiales, funcionales y de personal a todos los centros residenciales públicos y privados del País Vasco. Entre ellos están la necesidad de contar con más habitaciones individuales (hasta un 75 % deberán serlo, frente al 25 % actual), ampliar su tamaño y mejorar sus ratios de personal. Unas condiciones que se aplicarán a las residencias de nueva construcción. Las que ya estén en funcionamiento contarán con dos años para adaptarse, aunque no tendrán obligación de cumplir los requisitos materiales.
La FED considera que esta normativa impacta “contra la iniciativa privada que ha sido capaz de crear miles de empleos y plazas donde atender a personas en situación de dependencia”, según expresa en un comunicado. La Federación está especialmente dolida por que se ponga en duda la necesidad de contar con iniciativa privada en el sector de la dependencia por el hecho de que estas empresas tienen ánimo de lucro. “Hay que preguntarse si hay alguna evidencia sobre si las residencias públicas o gestionadas por el tercer sector ofrecen mejor calidad que las de las empresas privadas”, expresa.
FED defiende iniciativa privada en sector de la dependencia
Desde la Federación Empresarial de la Dependencia defienden que estas empresas busquen “fabricar un producto u ofrecer un servicio de calidad”, incluso si consiste “en cuidar con calidad a personas en situación de dependencia”, ya que considera que todo empresario “intentará hacerlo lo mejor posible”.
El comunicado destaca que hay más de 285.000 personas atendidas en residencias y centros de mayores de titularidad privada, “lo que ha supuesto una inversión de más de 17.000 millones de euros que caen sobre las espaldas de los empresarios”, explica. “Sin ellos no podría haberse desarrollado nuestra Ley de la Dependencia, o al menos no al ritmo al que se ha hecho”, subraya, y destaca las más de 200.000 personas en lista de espera que hay en España, “lo que exige crear nuevas plazas residenciales para poder atenderlas”.
“Hacen falta unas 70.000 nuevas plazas” para llegar a las 400.000 camas que la FED considera “razonable” para atender las necesidades de dependencia en España. Y cifra en 4.200 millones de euros la inversión necesaria para lograrlo. “Los empresarios seguimos dispuestos a hacer esa inversión”, explica, aunque puntualiza que “no podemos sostenerlas en el tiempo si la Administración no ofrece un precio plaza/día más ajustado a la calidad que se ofrece”.
Por último, el comunicado destaca que los modelos de colaboración público-privada son habituales en el sector de la dependencia en Europa, y aboga por continuar con el modelo actual para centrarse en cuidar a las personas y no en “otros intereses”.