¿Tienen responsabilidad las residencias de mayores por contagios de coronavirus en sus centros?

Se estima que han muerto 18.000 personas en residencias de mayores a causa de la epidemia de coronavirus. ¿Qué responsabilidades podrían exigirse a estos centros? Un despacho de abogados lo aclara.

¿Son responsables las residencias de mayores por los contagios de coronavirus en sus centros desde el punto de vista jurídico? La pregunta puede haber rondado por los despachos de aquellos centros en los que han fallecido personas a causa de la epidemia.

Ahora, el despacho Basilea Abogados, a través de un vídeo presentado por Vicente Rodrigo, uno de sus socios, ha querido arrojar luz a un asunto de especial interés para el sector residencial.

El vídeo comienza con la orden ministerial que obligó a las residencias de mayores a continuar prestando su actividad durante el Estado de Alarma e independientemente de la situación que viviera cada centro en cuanto a contagios o carencia de personal por haber enfermado o de materiales y equipos de protección. También se autorizó la intervención de aquellos centros con mayores dificultades o tasa de contagios. Una situación que probablemente agravó los problemas, dado que se partía de unos centros no preparados para afrontar una pandemia que, durante la misma, fueron obligados a continuar trabajando sin esa preparación.

¿Tienen responsabilidad las residencias de mayores por contagios de coronavirus en sus centros?

En cualquier caso, el vídeo del despacho de abogados destaca una sentencia del Tribunal Supremo que precisamente data del pasado 11 de marzo (STS 778/2020), apenas tres días antes de la declaración del Estado de Alarma. En dicha sentencia, el alto tribunal considera que las actividades de las residencias de mayores no son peligrosas y que, por tanto, la carga de la prueba por dolo o negligencia debe recaer en el demandante.

Dicho esto, el vídeo plantea la cuestión de si las residencias de mayores “adoptaron las medidas necesarias con la diligencia debida”. Llegado a este punto, el abogado destaca que la responsabilidad necesita “que exista una causalidad entre la acción u omisión que se atribuye a ese agente y el daño sufrido, siempre y cuando no medie una causa de fuerza mayor”.

El abogado asegura que las residencias “se escudarán en la existencia de esa fuerza mayor para tratar de defenderse de las futuras demandas que vayan a interponer los familiares de los ancianos fallecidos”. Y añade que las residencias incluso alegarán que los familiares deberían haber solicitado el alta de los ancianos una vez conocido el riesgo de contagio que existía en estos centros.

Responsabilidad de las residencias de mayores por contagios de coronavirus

En el vídeo, el experto compara la declaración del Estado de Alarma actual con la acontecida en 2010 con motivo de la huelga de controladores aéreos. En aquella ocasión, la Audiencia Nacional determinó que no existía responsabilidad por tratarse de un hecho imprevisible e inevitable. Ahora, y según la versión del abogado, “no es un caso tan imprevisible” porque “son notorios y conocidos los informes y avisos por parte de la Organización Mundial de la Salud que se venían dando desde enero y febrero de 2020”, así como los datos que ya manejaban las Autoridades.

El abogado explica que los contagios no se producen de golpe, sino de manera progresiva durante “días, semanas y meses después de que las Autoridades Sanitarias dictaran las normas necesarias para que las residencias de ancianos adoptaran todas las medidas suficientes y mínimas para que los internos estuviesen a salvo” o, al menos, que “pudieran contar con las medidas necesarias para evitar su fallecimiento” en caso de haberse contagiado.

Aunque el abogado asegura que “si las familias de los ancianos fallecidos son capaces de demostrar que, en su caso concreto, la residencia de ancianos no cumplió con las órdenes que le habían dado tanto el Ministerio de Sanidad como las Comunidades Autónomas para paliar o mitigar los efectos del COVID dentro de sus instalaciones, es muy difícil que pueda prosperar la fuerza mayor como causa exoneradora de la responsabilidad” de las residencias, no parece tener en cuenta en su alocución que las residencias en ningún momento fueron notificadas sobre el riesgo real que suponía el virus. De hecho, la sociedad española en su conjunto no fue alertada del peligro de contagio por transmisión comunitaria que existía en el país.

Prueba de ello es la intensa polémica que se vive estos días a causa de los distintos informes que están viendo la luz acerca de los datos que parecía barajar el Gobierno en las semanas previas a las manifestaciones del 8 de marzo, pese a los cuales no recomendó su suspensión al no considerar que supusieran un riesgo sanitario.

Las residencias de mayores no actuaron con mala fe

En todo caso, las residencias de mayores solo pueden acceder a aquellas informaciones que les son transmitidas. De ahí que los datos que barajase internamente el Gobierno no pueden suponer un pasaporte que justifique una demanda a estos centros, al no habérseles transmitido medida alguna a adoptar y, ni siquiera, una alerta para que pudieran prepararse.

Asimismo, las residencias, al no ser centros sanitarios, no cuentan con las capacidades necesarias para atender a enfermos de neumonía, en el caso de las complicaciones del COVID-19. Para ello existen instalaciones hospitalarias que, por estar colapsadas en las peores semanas de la epidemia, en muchas ocasiones negaron el ingreso de pacientes provenientes de residencias de mayores, lo que llevó a su fallecimiento en los centros residenciales.

Por todo ello, resultaría difícil considerar que las residencias de mayores actuaron con mala fe a la hora de prever o gestionar los contagios en sus centros. Sobre todo, porque ni fueron notificadas sobre el peligro de contagio que existía en sus centros, ni fueron correctamente asistidas por las Autoridades aun cuando estas consideraron que los enfermos debían permanecer en sus instalaciones.

Una vez más, las residencias de mayores se convierten en el eslabón más débil de la cadena y en la diana de la búsqueda de culpables para una situación que nadie supo prever y que, en cualquier caso, ha convertido a estos centros en la primera víctima de la crisis sanitaria, y no en el verdugo al que cargar las culpas.