¿Quién dio la orden de no trasladar a ancianos a hospitales?

Se abre una guerra política y mediática por demostrar quién dio la orden de no trasladar a ancianos enfermos de COVID-19 de las residencias de mayores a hospitales de la Comunidad de Madrid, situada en el epicentro de una polémica que no termina de aclararse a pesar de haber varios miles de muertos encima de la mesa.

En las peores semanas de la epidemia de coronavirus en España, las residencias de mayores tuvieron que enfrentarse a una situación inédita: una imparable cascada de fallecimientos en sus centros tensionó hasta niveles nunca vistos la habitual tranquilidad de estos hogares para ancianos. La fragilidad de los residentes, unida a la voracidad de un virus desconocido, se aliaban para arrasar vidas en cuestión de días. Las imágenes de la Unidad Militar de Emergencias (UME) o los servicios funerarios entrando a las residencias de mayores a recoger cadáveres se convirtieron en la imagen más dolorosa de la pandemia. Y también en la artillería para atacar y acusar a las residencias de mayores de no haber estado a la altura para proteger a sus usuarios.

Ahora que lo peor de esta primera ola ha pasado, la política toma el relevo y, en alianza con los medios de cabecera de cada partido, busca utilizar la tragedia para descargar culpas, o cargarlas si es preciso y prevé ofrecer votos. En el epicentro está la Comunidad de Madrid, donde se estima que han fallecido más de 6.000 ancianos usuarios de residencias de mayores, en ocasiones sin haber recibido asistencia médica, según denuncian tanto empresas del sector como familiares de las víctimas. Porque el objeto de la polémica es la supuesta negación de la asistencia sanitaria hospitalaria a los ancianos infectados que vivían en residencias de mayores. Ahora bien, ¿quién dio la orden de que eso fuera así?

Fallecidos en residencias de mayores por el coronavirus en Madrid

Desde el Gobierno y sus aliados mediáticos se apunta directamente a las Comunidades Autónomas, en tanto que responsables competentes de los servicios sociales. El diario ‘El País’ asegura que ya el 18 de marzo, apenas cuatro días después de la declaración del Estado de Alarma, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid contaba con protocolos hospitalarios que excluían de la asistencia sanitaria en estos centros a infectados procedentes de residencias de mayores que sufrieran severos grados de dependencia o discapacidad. Desde la propia Comunidad de Madrid, siempre según ‘El País’, se ha puntualizado que solo se restringió la derivación a hospitalaria a pacientes terminales. Todo ello a pesar de que, en un principio, la propia Comunidad había asegurado que los supuestos protocolos que negaban el traslado a hospitales no eran más que un borrador enviado por error a las residencias. ‘El País’ asegura haber accedido a correos electrónicos en los que Carlos Mur de Víu, entonces director de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, pedía enviar dichos protocolos restrictivos a las 473 residencias de la región.

Al parecer, la decisión de no ingresar en hospitales a determinados ancianos buscaba no colapsar el sistema sanitario. Para ello, se recomendaba (o directamente obligaba, según han denunciado gestores residenciales) que los ancianos contagiados fueran atendidos en las propias residencias de mayores, a pesar de que no contaban con el equipamiento necesario para hacer frente a los estragos de la enfermedad.

¿Quién firmó primero, Sanidad o la Comunidad de Madrid?

Si bien las competencias de Sanidad las ostentan las Autonomías, lo cierto es que el Estado de Alarma ponía bajo el mando único del Gobierno la gestión de todos los recursos sanitarios del país. Y aquí llega la otra cara de la moneda: el diario ‘El Confidencial’ asegura que una Orden del Ministerio de Sanidad del 24 de marzo pedía “modificar el uso de los centros residenciales” para utilizarlos como lugares de cuidado sanitario. El diario asegura que la Orden buscaba el mismo efecto, evitar el colapso del sistema sanitario, y que para ello recomendaba tratar a los enfermos en las propias residencias.

El diario sitúa la firma del protocolo de la Comunidad de Madrid apenas 48 horas después de publicarse la Orden de Sanidad, y explica que Galicia, Cataluña o Castilla y León elaboraron protocolos similares al madrileño.

En cualquier caso, el protocolo madrileño citado por ‘El Confidencial’ sí habla de priorizar “la cobertura sanitaria en residencia” en la tercera página. Y crea la figura del geriatra de enlace entre el médico de la residencia y el hospital de referencia. Sería este profesional, a petición del médico de cada centro, quien evaluaría si el paciente cumple los criterios de derivación que contiene el protocolo, en cuyo caso indicaría el ingreso hospitalario. En caso contrario, se detalla el procedimiento a seguir para tratar al enfermo en la residencia. El problema de fondo es que las residencias denuncian haber pedido ayuda médica para ingresar a pacientes graves, con infructuoso resultado.

En cualquier caso, estas informaciones que salen a la luz no terminan de aclarar de quién partió la idea de no ingresar a ancianos procedentes de residencias de mayores. Si atendemos a las informaciones de ‘El País’ o a las palabras de miembros del Gobierno, fue la Comunidad de Madrid la que habría decidido, de forma prácticamente unilateral, elaborar ese protocolo. Pero si atendemos a las informaciones de ‘El Confidencial’, el protocolo madrileño estaría basado en una previa Orden Ministerial del Ministerio de Sanidad, y por tanto del Gobierno central. Aunque ‘El País’ habla de protocolos de la Comunidad de Madrid fechados “entre el 18 y el 25 de marzo”, siendo la Orden de Sanidad fechada por ‘El Confidencial’ el 24 y 25 de marzo. Y también de una ‘guerra’ interna en el Ejecutivo madrileño a cuenta, precisamente, de las exclusiones.

Por si fuera poco, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, defiende que sí se ingresó a ancianos procedentes de residencias de mayores y centros de discapacidad, mientras que el vicepresidente Pablo Iglesias -cuyo gabinete es el responsable de los servicios sociales- acusa directamente a Madrid de haber excluido a los ancianos y llega a preguntarse si podría ser un crimen. ¿Quién tuvo entonces la idea?