Después de casi un año tratando de consensuar con el gobierno un modelo nacional que determine “el nuevo modelo residencial” y que sirva para acreditar las residencias, no hay conclusiones. Estamos parados en cuestiones que imposibilitan realizar planes de negocio, diseñar estrategias empresariales y definir modelos realistas de atención al mayor.
El tamaño o la ubicación de un centro no justifican la calidad de la atención asistencial que se ofrece en él. Y el tamaño de la unidad convivencial cerrada, lejos de garantizar espacios más hogareños, puede ofrecer un modelo limitante en cuanto a relaciones, libre circulación y elección. Las unidades de convivencia se constituyen artificialmente y no responden a personas que tengan vínculos; por ello, marcar fronteras muy rígidas en grupos pequeños no puede ser contemplada como la única opción óptima para garantizar un espacio confortable, afectivamente hablando.
Todos los sectores se regulan por modelos de calidad y certifican el cumplimiento de los parámetros que en ellos se definen. Las empresas y sus inversionistas de este sector están paralizados a la espera de resoluciones claras. ¿De cuántas plazas globales? ¿Dónde nos ubicamos? ¿Unidades convivenciales de cuántas personas? Estas dudas impiden el avance empresarial e inversionista. Un sector como el nuestro no puede sufrir durante más de un año una parálisis provocada por quienes legislan y la falta de rigor en la toma de decisiones. Nos jugamos muchos puestos de trabajo, muchas plazas para mayores y la viabilidad económica del modelo.
Es necesario el capital privado para que el país pueda crecer y ofrecer a sus ciudadanos las soluciones necesarias para su bienestar, no todo es posible exclusivamente con dinero público –y aunque así fuera, también debe gestionarse con criterios de máxima eficiencia-. Las empresas quieren crecer, quieren dar respuesta a las necesidades existentes, pero ¿quién invierte con este contexto? ¿Estamos perdiendo oportunidades que están llegando o a otros países con legislaciones más claras? Una vez más en nuestra historia, los problemas políticos y posicionamientos ideológicos nos dejan fuera el avance industrial y económico.
La menor diferencia de los costes en una residencia de 60 plazas y otra de 120 se da en el coste de personal. En una residencia de 60 plazas necesitamos, al igual que una de 120, un equipo multidisciplinar para llevar a cabo el cuidado centrado en la persona (director, trabajador social, médico, enfermería, fisioterapeuta...), y los costes se repercuten entre la mitad de los residentes; la viabilidad económica del modelo es un elemento tan importante como su definición conceptual. Estas cuestiones deben formar parte del mismo, pues los recursos no son infinitos.
Si generamos un modelo inviable económicamente, las personas dependientes no tendrán plazas a las que acudir y las personas muy dependientes acabarán ocupando una cama en un hospital público, donde el coste será muy superior.
Necesitamos desbloquear la situación con una propuesta realista, abierta y capaz de adaptarse a todas las realidades de todas las comunidades autónomas y territorios, que regule la calidad asistencial en un marco viable y que invite a una inversión capaz de crear empleo de calidad.
Inmaculada Cerejido
Directora general de AMADE
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