El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que modifica el sistema de aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica ambulatoria. La reforma, impulsada conjuntamente por los ministerios de Sanidad y Hacienda, introduce un modelo de copago más progresivo adaptado a la capacidad económica real de cada ciudadano. Su objetivo es garantizar que las condiciones económicas no supongan una barrera para la continuidad de los tratamientos, con un impacto presupuestario estimado de 265,63 millones de euros.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) organiza la jornada 'España ante la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores: avances, retos y compromisos', que se llevará a cabo el 25 de mayo de 2026 en el Congreso de los Diputados. Este evento reunirá a representantes institucionales y expertos para analizar la situación actual y promover una Convención Internacional específica para las personas mayores. La jornada incluirá debates sobre el papel del movimiento asociativo, el marco jurídico y el compromiso institucional necesario. Se requiere inscripción previa para asistir. Para más información, visita el enlace proporcionado.

Emera ha establecido su Comité de Ética Asistencial (CEA) en 2022, un órgano clave para garantizar la dignidad y derechos de los residentes en el sector sociosanitario. Este comité interdisciplinar, acreditado por la Comunidad de Madrid, se enfoca en resolver conflictos éticos y mejorar la calidad del trato a las personas mayores. Con una estructura que incluye profesionales de diversas áreas como medicina, psicología y trabajo social, el CEA promueve principios como la innovación, transparencia y humanización. Además, ofrece asesoramiento a familiares y trabajadores sobre cuestiones éticas comunes. La colaboración con expertos externos asegura estándares éticos elevados y un enfoque centrado en el residente.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y Solidaridad Intergeneracional han hecho un llamado para que la cooperación entre generaciones sea una prioridad en las políticas públicas, coincidiendo con el Día Europeo de la Solidaridad y la Cooperación entre Generaciones. Ambas organizaciones destacan la importancia de fomentar una cultura intergeneracional que combata el edadismo y promueva la participación social equitativa. En un contexto de envejecimiento poblacional, abogan por eliminar barreras que limitan los derechos básicos, especialmente en áreas rurales, y por crear espacios de convivencia que integren a todas las edades. La PMP y Solidaridad Intergeneracional enfatizan que construir una sociedad inclusiva es una responsabilidad colectiva que requiere políticas efectivas y accesibles para todos.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) han instado a las administraciones públicas a garantizar los derechos sanitarios y sociales de los pacientes más vulnerables, con motivo del Día Europeo de los Derechos de los Pacientes. Ambas organizaciones destacan que, aunque estos derechos están reconocidos legalmente, su aplicación es desigual, afectando especialmente a personas mayores, con discapacidad y enfermedades crónicas. La brecha digital y la falta de coordinación entre sistemas sanitario y social son barreras significativas. La PMP ha subrayado la necesidad de políticas públicas que apoyen a las mujeres mayores cuidadoras y aseguren un acceso equitativo a la atención sanitaria. Se hace un llamado urgente a mejorar la accesibilidad, reducir la brecha digital y fomentar la participación activa de los pacientes en decisiones sobre su salud.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha lanzado la tercera edición de los Premios PMP-Día Internacional de las Personas Mayores, con el objetivo de reconocer la labor en favor de los derechos y bienestar de personas mayores y con discapacidad. Las candidaturas están abiertas hasta el 15 de junio de 2026. Se premiarán iniciativas en diversas categorías, incluyendo acciones institucionales, promoción de la igualdad entre mujeres mayores, contribuciones en medios de comunicación y lucha contra el edadismo. Los galardones se entregarán coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, el 1 de octubre. Para más información sobre bases y presentación de candidaturas, visita la página web de la PMP.

La campaña de la declaración de la renta 2025 se presenta entre el 8 de abril y el 30 de junio de 2026. Muchos jubilados y pensionistas desconocen si están obligados a declararla. La respuesta es clara: la pensión de jubilación está sujeta a IRPF como rendimiento del trabajo, por lo que superar los límites anuales establecidos obliga a presentar la declaración en los mismos términos que cualquier trabajador en activo.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha solicitado que el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud (SNS) sea una prioridad en la agenda pública, especialmente en el contexto del Día Mundial de la Salud. La PMP destaca la necesidad de reforzar la Atención Primaria y garantizar el acceso equitativo a servicios de salud, haciendo hincapié en la importancia de abordar las desigualdades y mejorar la coordinación entre diferentes niveles de atención sanitaria. Además, se subraya la urgencia de un Plan Nacional de Refuerzo del SNS para mejorar tiempos de espera y accesibilidad, así como políticas públicas que aborden los determinantes socioeconómicos de la salud. La PMP aboga por un gran acuerdo social y político para construir un sistema sanitario robusto y equitativo que responda a las necesidades de toda la población.

CEOMA ha alertado sobre una posible discriminación fiscal hacia los pensionistas en la próxima declaración de la renta. La Confederación Española de Organizaciones de Mayores solicita a la ministra de Hacienda que aclare si los pensionistas podrán beneficiarse de las mismas deducciones por rendimientos del trabajo en el IRPF que los perceptores del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). A pesar de que muchos pensionistas tienen ingresos similares o inferiores al SMI, no se benefician de las nuevas deducciones fiscales aprobadas para trabajadores con rentas bajas. CEOMA exige un tratamiento fiscal equitativo y la revisión del sistema tributario para garantizar que los pensionistas con pensiones bajas reciban el mismo trato que los trabajadores con ingresos similares.

El sistema público de pensiones introduce un cambio relevante para las personas con discapacidad. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado la incorporación de 11 nuevas patologías al listado que permite acceder a la jubilación anticipada por razón de discapacidad. La medida facilitará que determinados trabajadores con un grado de discapacidad igual o superior al 45% puedan adelantar su retiro sin penalización en su pensión, siempre que cumplan las condiciones establecidas por la normativa. El objetivo es adaptar la regulación a la realidad médica actual y mejorar la protección social de quienes conviven con enfermedades graves o degenerativas.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha presentado su hoja de ruta al Pacto de Toledo para fortalecer la suficiencia de las pensiones y promover la equidad intergeneracional. En una reunión con María Mercè Perea, presidenta de la Comisión de Seguimiento del Pacto, la PMP destacó la necesidad de garantizar la revalorización de las pensiones conforme al IPC y situar las pensiones mínimas por encima del umbral de pobreza. También se abordaron temas como la brecha de género en las pensiones y la importancia de un marco estable para el diálogo sobre el sistema público de pensiones. La PMP rechazó cualquier intento de privatización que afecte los derechos de los pensionistas y abogó por una Ley Integral de Derechos para las Personas Mayores.

CEOMA denuncia que la reciente rebaja fiscal en el IRPF, aprobada por el Gobierno, olvida a los pensionistas y autónomos. El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, critica que solo se beneficien los asalariados con deducciones fiscales, dejando fuera a quienes perciben pensiones iguales al Salario Mínimo Interprofesional. La organización insta al Gobierno a revisar esta medida para incluir a todos los colectivos, argumentando que es discriminatoria y no refleja un enfoque social. CEOMA representa a más de 800.000 socios y defiende los derechos de las personas mayores en España.

La tasa de desempleo en España ha sido la más alta de Europa durante más de 50 años, lo que plantea la pregunta: ¿por qué? Un análisis del economista Antonio González revela que, a pesar de haber creado más de nueve millones de empleos netos en este tiempo, el crecimiento de la población activa ha superado esta cifra. Factores como el aumento significativo en la participación laboral femenina y los flujos migratorios han contribuido a un incremento del 84% en la población activa. Además, las crisis económicas han llevado a una destrucción masiva de empleo, exacerbada por la alta temporalidad y la laxitud en la regulación del despido. A pesar de los avances recientes, España continúa enfrentando desafíos estructurales que mantienen su tasa de paro elevada en comparación con otros países europeos.

Si cobras una pensión española y vives fuera del país, presta mucha atención porque las reglas han cambiado por completo. Ya no basta con dar señales de vida una vez al año. Para evitar que te corten el pago de la pensión, la Seguridad Social ha establecido un nuevo calendario mucho más estricto que empieza ahora mismo y que se endurecerá aún más el próximo año.

El Imserso ha prorrogado el contrato del programa de Turismo Social para la temporada 2026-2027, con un valor cercano a 60 millones de euros. Este programa mantendrá casi 880.000 plazas disponibles y ofrecerá tarifas planas de 50 euros para pensionistas con recursos limitados, además de permitir viajes con animales de compañía. La prórroga asegura la continuidad de un servicio que promueve el envejecimiento activo y la inclusión social, garantizando que las personas mayores puedan disfrutar de viajes accesibles y de calidad. Con más de 4,6 millones de participantes desde su creación en 1985, el programa sigue siendo una herramienta clave para combatir la soledad y fomentar la actividad económica en el sector turístico.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha presentado un análisis que desmiente los mitos sobre la quiebra del sistema público de pensiones y el conflicto generacional. El estudio, elaborado por Antonio González, vicepresidente de Economistas Frente a la Crisis, sostiene que el sistema es sostenible y critica las visiones catastrofistas que enfrentan a jóvenes y mayores. La PMP destaca que el aumento de la población mayor es temporal y no implica una crisis estructural permanente. Además, refuta la idea del déficit de la Seguridad Social, señalando que se basa en "trampas contables". La plataforma aboga por decisiones racionales para asegurar la sostenibilidad del sistema y rechaza el uso de narrativas que culpan a las pensiones del deterioro de las rentas juveniles.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha solicitado una nueva ordenación del territorio y políticas efectivas para garantizar la igualdad de derechos y servicios para las personas mayores en el medio rural. Durante un diálogo con Servimedia, se destacó la creciente desigualdad entre las áreas rurales y urbanas, con muchos mayores enfrentando la falta de servicios básicos como atención médica y transporte. La presidenta de Afammer, Carmen Quintanilla, enfatizó el papel crucial de las mujeres mayores en la comunidad rural y la necesidad de empleo como pilar de igualdad. Los representantes institucionales reconocieron avances pero señalaron que es vital modernizar los servicios y asegurar una adecuada financiación. La PMP aboga por un modelo de cuidados que genere empleo local y garantice derechos a todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha exigido que la atención a la salud bucodental deje de ser un lujo y se integre plenamente en el Sistema Nacional de Salud (SNS). En el contexto del Día Mundial de la Salud Bucodental, la PMP destacó que la falta de cobertura pública afecta especialmente a las personas mayores, quienes sufren una alta carga de enfermedades bucales. Aunque se han realizado algunos avances, como la inclusión de mayores de 65 años en los servicios de salud bucodental, la organización considera estas medidas insuficientes. La PMP reclama un plan estable de financiación y subvenciones para tratamientos dentales dirigidos a personas mayores y con discapacidad con bajos recursos, enfatizando que la salud bucal es esencial para la calidad de vida y dignidad. Además, instó a las administraciones a fortalecer la vigilancia sobre clínicas dentales para asegurar protección al consumidor.

La Mesa Estatal por el Blindaje de las Pensiones (MERP) y el Pacto de Toledo se reunieron en el Congreso de los Diputados para discutir la posibilidad de blindar constitucionalmente las pensiones en España. Los participantes destacaron la viabilidad técnica de convertir las pensiones en un derecho fundamental y la necesidad de combatir discursos que cuestionan su sostenibilidad. La MERP cuenta con más de 530 entidades apoyando esta causa y ha recogido 2,6 millones de firmas a favor del blindaje. Expertos presentaron propuestas para mejorar la protección legal de las pensiones, mientras que representantes políticos expresaron sus posiciones sobre cómo garantizar un sistema robusto y sostenible. El encuentro concluyó con un compromiso renovado para trabajar hacia el blindaje constitucional, buscando ofrecer seguridad a la ciudadanía y promover la cohesión social entre generaciones.

España se encuentra en una encrucijada económica. Mientras la esperanza de vida sigue creciendo, la sostenibilidad de los ingresos durante la vejez se ha convertido en el centro del debate público. Un detallado informe difundido por el Instituto Santalucía arroja luz sobre una realidad compleja: aunque España tiene un sistema de pensiones que protege relativamente bien frente a la pobreza extrema, la dependencia casi total de la pensión pública sitúa a nuestros mayores en una posición de vulnerabilidad ante los cambios demográficos que se avecinan.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) han firmado un convenio marco que prioriza los derechos y el bienestar de las personas mayores en las políticas locales. Este acuerdo busca fortalecer la calidad de vida de este colectivo a través de iniciativas en áreas clave como el envejecimiento activo, la soledad no deseada y la accesibilidad. Ambas entidades se comprometen a colaborar en la difusión de buenas prácticas, formación para empleados municipales y establecer un vínculo directo con asociaciones de mayores. Este convenio representa un avance significativo hacia la protección social y dignidad de las personas mayores en España.

En 2025 España ha alcanzado un nuevo máximo histórico de envejecimiento de la población, con un índice de envejecimiento del 148%. Este dato, que mide el número de personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16, refleja un profundo desequilibrio demográfico que se concentra de forma muy desigual entre comunidades autónomas. En este artículo se analizan las cifras oficiales por CCAA, se identifican las regiones más envejecidas y se comentan las implicaciones para la gestión de la dependencia, los servicios sociales y las políticas de cuidados.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha solicitado urgentemente medidas para aumentar las pensiones más bajas y el desarrollo de un Plan Estratégico que aborde los desafíos de la nueva longevidad. En un reciente diálogo organizado con Servimedia, se destacó que cerca del 50% de los pensionistas perciben menos de 841 euros al mes, lo que los sitúa en riesgo de pobreza. La PMP propone elevar las pensiones mínimas y mejorar el acceso a servicios públicos esenciales. Además, se enfatizó la importancia de una Ley Integral de Derechos para las Personas Mayores y un enfoque holístico en políticas que promuevan la equidad intergeneracional. Los expertos coincidieron en que la colaboración entre generaciones es clave para construir un sistema de bienestar sostenible. Para más información, visita el artículo completo en el enlace.

MAPFRE ha dado un paso estratégico con el lanzamiento de ‘Confianza Vida Senior’, un seguro de vida pensado exclusivamente para personas de entre 55 y 80 años. Lo más revolucionario de esta propuesta es que no establece una edad límite para la permanencia del asegurado, rompiendo una de las barreras históricas del sector para el colectivo senior.

María José Segarra, Fiscal de Sala para la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, destaca la necesidad de una ley integral que mejore la protección de las personas mayores en España. En una reciente entrevista, aborda los desafíos actuales en la defensa de sus derechos, como el abuso y la negligencia, y la importancia de la autonomía personal. Segarra subraya que la reforma del Código Civil ha permitido un avance significativo al facilitar apoyos sin necesidad de intervención judicial. Además, enfatiza el impacto negativo de la brecha digital en este colectivo y propone políticas públicas que incluyan atención integrada y recursos diversificados. La Fiscalía también juega un papel crucial en prevenir abusos y garantizar que las personas mayores conozcan sus derechos.

La noticia "Espacios y Servicios Amigables con las Personas Mayores" destaca la importancia de crear entornos que mejoren la calidad de vida de los mayores, promoviendo su autonomía y bienestar. Dirigida por expertos en el área, se enfatiza la necesidad de políticas inclusivas que aborden aspectos como vivienda, transporte adaptado y acceso a la cultura. Se presenta un decálogo que incluye estrategias para integrar a las personas mayores en sus comunidades y garantizar su participación activa. Además, se menciona el impacto de la tecnología, como la Inteligencia Artificial, en el bienestar social. La noticia resalta la urgencia de transformar las ciudades para ser más amigables con este colectivo, asegurando que sus derechos sean respetados y promovidos.

La publicación del Real Decreto-ley 16/2025 en el BOE pretende proyectar una imagen de seguridad para los pensionistas, pero los datos esconden sombras. Aunque el Capítulo III oficializa una subida general del 2,7%, la realidad es que el incremento apenas compensa la carestía de la cesta de la compra para las rentas medias.

Más de 10,4 millones de pensiones contributivas en España se revalorizarán un 2,7% en 2026, según los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) publicados recientemente. Esta revalorización, garantizada por la Ley 21/2021, busca mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destacó que este incremento beneficiará a aproximadamente 9,4 millones de pensionistas, con un aumento medio anual de 570 euros para quienes reciben pensiones medias.

El envejecimiento poblacional y su impacto en la economía española representan retos crecientes para la sostenibilidad fiscal y social. La OCDE proyecta un aumento del gasto en pensiones en 3,2 puntos del PIB y un incremento del gasto total asociado al envejecimiento de 5,2 puntos hasta 2050. Estas cifras reflejan la necesidad de reformas estructurales para garantizar el equilibrio y la viabilidad del sistema de protección social.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de 10 de julio de 2025, ha ampliado el marco interpretativo sobre la posibilidad de que los jubilados trabajen sin darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. La resolución aporta seguridad jurídica a miles de pensionistas que realizan actividades económicas de bajo rendimiento, siempre que sus ingresos no superen el Salario Mínimo Interprofesional.

El envejecimiento demográfico ya no es un fenómeno futuro: es una realidad que está transformando la estructura del gasto público en España. Según el análisis de AIReF, el incremento de personas mayores impulsará un crecimiento sostenido del gasto en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración. La institución alerta de que, sin una revisión profunda de políticas y financiación, la estabilidad del Estado del bienestar podría verse comprometida durante las próximas décadas.

Las previsiones oficiales sitúan la subida de las pensiones para 2026 en torno al 2,7 %, siguiendo el mecanismo de actualización ligado al Índice de Precios de Consumo. La revalorización afectará a jubilaciones contributivas, pensiones mínimas, no contributivas y Clases Pasivas, consolidando la protección del poder adquisitivo en un contexto inflacionario moderado.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha solicitado un pacto de Estado en materia de dependencia para establecer un nuevo modelo público de cuidados que garantice igualdad y sostenibilidad. En el contexto del Día Internacional de los Cuidados, la PMP destaca la importancia de la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (LAPAD), que busca mejorar la atención integral y las condiciones laborales de los cuidadores. La organización enfatiza que invertir en dependencia es una oportunidad para crear empleo digno y promover una sociedad más justa. Además, aboga por una mayor corresponsabilidad en los cuidados entre el Estado, empresas y familias.

El IMSERSO inicia una nueva temporada de turismo para pensionistas con rentas bajas, ofreciendo más de 7.400 plazas a solo 50 euros. Esta iniciativa busca garantizar el acceso a viajes para quienes reciben prestaciones iguales o inferiores a las pensiones no contributivas. A partir del 6 y 8 de octubre, los pensionistas podrán reservar sus viajes para la temporada 2025-2026, que incluye la posibilidad de viajar con mascotas. Este programa no solo promueve un envejecimiento activo y la socialización entre mayores, sino que también contribuye al empleo y a la economía turística del país.

El Instituto Santalucía ha publicado su informe “Pensiómetro” del primer trimestre de 2025. El documento proyecta un gasto total en pensiones públicas de 216.000 millones de euros, lo que equivale al 12,9% del PIB nacional. La revalorización de las pensiones costará más de 6.700 millones, mientras que el déficit contributivo volverá a rozar el 2% del PIB.

El artículo "La imaginaria generosidad de las pensiones no tiene la culpa", escrito por el economista Antonio González, refuta la idea de que las pensiones públicas en España son excesivamente generosas. A través de un análisis encargado por la Plataforma de Mayores y Pensionistas, se argumenta que el aumento en la Tasa de Reemplazo se debe a factores estadísticos y a la caída de ingresos en ciertos grupos etarios, más que a una mejora real en las pensiones.

La noticia "Una guerra intergeneracional que no tiene sentido" aborda el conflicto entre generaciones, especialmente entre los boomers y las generaciones más jóvenes, como los millennials y la Generación Z. Se discuten las acusaciones de privilegios hacia los boomers, quienes poseen viviendas y reciben pensiones, frente a la precariedad laboral y habitacional que enfrentan los jóvenes. A pesar de las críticas mutuas, se argumenta que estas tensiones son distracciones de problemas estructurales más profundos relacionados con políticas públicas inadecuadas.

El Ministerio de Derechos Sociales, ha aprobado la concesión de ayudas directas por un total de 50 millones de euros para fortalecer a entidades del Tercer Sector en España. Estas subvenciones están destinadas a organizaciones que luchan contra la pobreza y la exclusión social, así como a federaciones municipales y comunidades autónomas, incluyendo Canarias, Ceuta y Melilla. Las ayudas buscan asegurar la financiación necesaria para que estas entidades puedan atender sus necesidades específicas y apoyar su estructura organizativa. Entre los beneficiarios se encuentran Cruz Roja Española, Cáritas y Acción contra el Hambre.

A partir del 1 de enero de 2026, la base reguladora de la pensión de jubilación en España podrá calcularse mediante dos métodos: el vigente que suma los últimos 25 años cotizados o una nueva fórmula que amplía progresivamente el periodo de cómputo hasta 29 años y descarta los dos peores años. Este sistema dual, aprobado por el Real Decreto‑ley 2/2023, busca equidad, sostenibilidad y suficiencia, beneficiando especialmente a quienes tuvieron carreras irregulares.

El Pensiómetro del Instituto Santalucía correspondiente al segundo trimestre de 2025 ofrece una radiografía precisa de la situación actual del sistema público de pensiones en España. El informe confirma una tendencia al alza en el gasto y una presión creciente derivada del envejecimiento poblacional, la baja natalidad y las jubilaciones masivas de la generación del baby boom.

CEOMA ha expresado su preocupación por la exclusión de los pensionistas en la nueva deducción del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) acordada entre los Ministerios de Trabajo y Hacienda. La confederación considera que esta medida discrimina a medio millón de pensionistas que perciben cantidades similares al SMI, ya que solo se beneficiarán aquellos que reciben el salario mínimo. El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, ha señalado que esta situación afecta a muchos jubilados que deben pagar IRPF y ha criticado la falta de exenciones para este colectivo. Además, ha lamentado que la deducción no se aplique en el mismo año, lo que reduce la liquidez de los pensionistas.