alianzAS ha expresado su preocupación por la nueva propuesta de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que plantea un incremento del 3,1% sin abordar los riesgos para la continuidad de los servicios esenciales. La Confederación, que representa a más de 1,5 millones de trabajadores, solicita un diálogo urgente con el Gobierno para adaptar esta propuesta y asegurar que los aumentos salariales se reflejen en los contratos públicos. A pesar de valorar el esfuerzo de diálogo, alianzAS advierte que la falta de medidas adecuadas podría impactar negativamente en sectores clave como limpieza, atención a mayores y servicios energéticos.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha manifestado su preocupación por las graves consecuencias del reciente apagón en la Península Ibérica, especialmente para las personas mayores y con discapacidad más vulnerables. Este evento dejó a muchos sin acceso a servicios esenciales, lo que afectó particularmente a aquellos que dependen de dispositivos médicos eléctricos o viven solos. Aunque la respuesta del sistema sociosanitario fue efectiva en muchas áreas, se identificaron fallos en la atención a algunos mayores. La PMP solicita una revisión de los protocolos de emergencia y una mejor preparación para futuros incidentes, así como mayor transparencia en la comunicación durante estas crisis.

Los servicios esenciales en España han solicitado un diálogo abierto para asegurar una implementación sostenible de la reciente reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales, aprobada por el Consejo de Ministros. La iniciativa, liderada por AlianzAS, destaca la importancia de analizar los impactos sectoriales y garantizar un consenso amplio entre los agentes sociales. Con más de 1.250.000 trabajadores y una facturación superior a 30.000 millones de euros, estos sectores son vitales para el bienestar social y requieren medidas transitorias que no afecten la calidad del servicio ni la estabilidad laboral. Se enfatiza la necesidad de revisar normativas en áreas críticas para mitigar posibles efectos negativos en la prestación de servicios.