AESTE ha emitido un comunicado en el que aclara su posición y la del sector residencial acerca del anunciado abono de plazas utilizadas durante la pandemia por parte de la Comunidad de Madrid.
La Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) ha emitido un comunicado para expresar su opinión, y la del sector residencial, acerca de la indemnización que la Comunidad de Madrid “va a abonar o ha abonado a algunas residencias cuyas entidades pertenecen a esta patronal por acoger a personas mayores en el peor momento de la pandemia derivadas por parte de la Administración regional”.
Algunos medios han cifrado en un millón de euros la cuantía que pagará la Comunidad de Madrid a estos centros, algo que desde los partidos de izquierdas con representación en la Asamblea de Madrid se ha criticado.
AESTE explica, para aclarar la situación, que “la Comunidad de Madrid solicitó la utilización de estas plazas debido al incremento de contagios por COVID-19 que había en algunos centros residenciales para derivar a personas mayores a residencias que por sus circunstancias pudieran acogerlas”. Y añade que “se derivaron, incluso, desde hospitales”.
AESTE explica en un comunicado por qué Madrid paga por usar residencias de mayores durante la pandemia
En concreto, cifra en una quincena los centros que acogieron “y ofrecieron cuidados a las personas mayores que lo necesitaron”, todo ello en mitad de una crisis sanitaria sin precedentes en un siglo y con las residencias de mayores en el punto de mira tanto de la opinión pública, como de algunos gobiernos por los contagios y muertes que se estaban produciendo en sus instalaciones.
Luego se supo que la población habitual de estos centros era especialmente vulnerable al virus y que pocas medidas de seguridad podían protegerles con la enfermedad circulando durante al menos dos meses por España (y el resto del mundo) sin tomar medidas.
Comunicado de AESTE sobre uso de residencias de mayores en Madrid durante la pandemia
El comunicado de AESTE explica que KPMG ha cifrado en 89,14 euros diarios el coste por plaza ocupada durante esas fechas, y detalla que su uso se ampara en lo dispuesto en Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación forzosa, el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1957, y de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio. Además, explica que se solicitaron los correspondientes informes e incluso un peritaje “con el fin de determinar el coste de dichas plazas ocupadas”, que a los centros residenciales generaron un coste.
“Siempre que se nos solicite ayuda, la vamos a prestar. En una situación tan complicada como la que vivimos en la pandemia, todos dimos un paso al frente para poder atender y cuidar a aquellas personas que más lo necesitaban. Un año más tarde, y cuando la situación ya remitió, se ha procedido al abono de las plazas ocupadas, siguiendo todos los trámites legales y de fiscalización necesarios”, ha explicado Jesús Cubero, secretario general de AESTE, para despejar cualquier polémica.
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