El Pleno del Congreso dio luz verde definitiva a la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad después de que el proyecto pasara por el trámite del Senado a principios de mes. En la práctica, se trata de la mayor reforma del sistema de atención a la dependencia desde la aprobación de la Ley de Dependencia original en 2006. La votación no estuvo exenta de polémica: el Gobierno vetó varias enmiendas introducidas en el Senado, entre ellas la que proponía ampliar sin límite de edad la prestación económica CUME para familias con menores con cáncer u otras enfermedades graves, algo que generó críticas de varios grupos parlamentarios durante el debate.
La reforma blinda por ley que la Administración General del Estado asuma como mínimo el 50% del coste del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD), un compromiso que hasta ahora no tenía respaldo normativo. A esa garantía se suman 6.200 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas entre 2026 y 2027, de los que 517,4 millones ya se han distribuido en julio y agosto a través de un real decreto-ley. Bustinduy ha instado a las comunidades autónomas a reducir a la mitad las listas de espera en 2027 y a eliminarlas por completo en 2028.
Entre las novedades más relevantes que introduce el texto destacan las siguientes:
Cambios principales de la reforma (dependencia)
- Plazo de resolución más corto: se reduce de 6 a 3 meses el plazo máximo para resolver el reconocimiento de la situación de dependencia.
- Compatibilidad de ayudas: se eliminan incompatibilidades para recibir prestaciones, facilitando combinar apoyos.
- Nueva figura del cuidador: se refuerza el reconocimiento del cuidador principal y se amplía más allá del ámbito estrictamente familiar, pudiendo ser personas cercanas no emparentadas.
- Servicio a domicilio ampliado: la ayuda a domicilio podrá prestarse también fuera del hogar, para acompañamiento a recados, al médico, etc.
- Teleasistencia universal: se convierte en un derecho subjetivo para todas las personas en situación de dependencia.
- Financiación blindada al 50%: la ley obliga a que la Administración General del Estado asuma, como mínimo, la mitad de la financiación del SAAD; el otro 50% corresponde a las comunidades autónomas.
- Equivalencia con discapacidad: el grado I de dependencia se equipara a un 33% de discapacidad, y los grados II y III a un 65%, a efectos de los ámbitos que determine la regulación.
Las patronales del sector han recibido la reforma con cautela. El presidente de la Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE), Ignacio Gamboa, la calificó de "un paso importante", aunque pidió garantizar que el incremento de financiación sirva para "aumentar el número de destinatarios de los servicios, reducir listas de espera" y actualizar los precios de la ayuda a domicilio a los costes reales de prestación.
En la misma línea se pronunció el presidente de la Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Ignacio Fernández-Cid, quien reclamó que "la financiación anunciada se materialice y llegue efectivamente al sistema" y propuso dotar al sector de "un modelo de financiación estable, suficiente y previsible".
Por su parte, la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE), a través de su presidenta, Lourdes Rivera, y su secretaria general, Josune Méndez de Cruz, reclamó a las comunidades autónomas que la nueva financiación estatal llegue realmente a sus profesionales, con tarifas actualizadas a coste real y una revisión de la prestación económica vinculada al servicio (PEVS). La patronal recuerda que el sector necesitará entre 261.400 y 639.400 cuidadores adicionales de aquí a 2030, en un contexto en el que el 17,6% de las ofertas de empleo del sector quedan sin cubrir.
Los sindicatos UGT y CCOO, que ya habían fijado posición durante la tramitación parlamentaria, valoraron positivamente los más de 2.200 millones de euros inyectados por el Real Decreto-ley 17/2026, pero insistieron en que la reforma debe reforzar los servicios profesionales como vía prioritaria de atención, tal y como establece la ley de 2006, frente a las prestaciones económicas familiares, que consideran que deben mantener un carácter subsidiario y excepcional. Ambas organizaciones advirtieron de que normalizar el cuidado no profesional dentro del hogar perpetúa la feminización y la invisibilidad de ese trabajo, y reclamaron vincular la nueva financiación estatal a la creación verificable de empleo de calidad en el sector.
Entre las entidades del ámbito social y de mayores, la valoración ha sido en general positiva. El presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, calificó la reforma como "el mayor avance en los últimos cuatro lustros". El presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga, pidió que "las medidas previstas se materialicen con financiación suficiente, procedimientos ágiles y coordinación entre administraciones", mientras que el presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, puso el acento en la importancia de decidir cómo y dónde son cuidadas las personas mayores y en el cumplimiento efectivo de la inversión anunciada.
La reforma entrará en vigor tras su publicación en el BOE, y su aplicación efectiva dependerá en buena medida del desarrollo reglamentario posterior y de la respuesta de las comunidades autónomas, que gestionan sobre el terreno buena parte de los servicios de dependencia.
Referencias
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