Europa presenta una gran diversidad en los modelos de pensiones, desde sistemas basados en aportaciones hasta modelos solidarios. A continuación, repasamos cómo funcionan algunos de los sistemas más relevantes del continente.

“Pensiones: la promesa rota” es un libro publicado en 2025 por Manuel Álvarez, economista y experto en sistemas de previsión social, que analiza en profundidad el presente y el futuro del sistema público de pensiones en España. La obra se plantea preguntas clave sobre la viabilidad y sostenibilidad del modelo actual de pensiones, en un contexto de envejecimiento poblacional y crecientes presiones fiscales.

El Instituto Santalucía ha publicado su informe “Pensiómetro” del primer trimestre de 2025. El documento proyecta un gasto total en pensiones públicas de 216.000 millones de euros, lo que equivale al 12,9% del PIB nacional. La revalorización de las pensiones costará más de 6.700 millones, mientras que el déficit contributivo volverá a rozar el 2% del PIB.

Un reciente estudio de los economistas Eladio Febrero y Fernando Bermejo de la Universidad de Castilla La Mancha destaca el papel fundamental de las pensiones en la economía española. Publicado en la Review of Political Economy, el análisis revela que las pensiones no solo son un gasto necesario, sino que actúan como un motor de crecimiento económico, impulsando la producción y el empleo. En 2021, las pensiones representaron el 8% del PIB y generaron más de 1.2 millones de empleos equivalentes a tiempo completo. Además, por cada euro gastado en pensiones, el Gobierno recuperó aproximadamente 42 céntimos en impuestos, lo que demuestra su impacto positivo en las arcas públicas. Este estudio invita a reconsiderar la percepción sobre las pensiones como una carga económica y resalta su importancia como parte esencial de la demanda autónoma.

El Observatorio Social de las Personas Mayores 2024, elaborado por la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO, analiza la situación actual del sistema público de pensiones en España, que protege a más de 9,8 millones de personas. El informe aborda aspectos como la brecha de género en las pensiones, la cobertura del sistema de dependencia y la necesidad de garantizar pensiones dignas y sostenibles.

El Instituto Santalucía ha publicado su Pensiómetro correspondiente al cuarto trimestre de 2024, donde analiza la evolución del sistema público de pensiones español. El informe estima que el gasto en pensiones se elevará a cerca de 216.000 millones de euros en 2025, impulsado por una revalorización media del 3,3% que supondrá un coste cercano a los 6.700 millones de euros.

En un contexto de creciente preocupación por la seguridad económica de trabajadores y pensionistas, la legislación establece que las pensiones y salarios que no sobrepasan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anual son inembargables. Este post analiza en detalle las implicaciones legales y las medidas de protección existentes, ofreciendo una visión clara y precisa para quienes desean salvaguardar su sustento económico.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha alcanzado una cifra sin precedentes de 10.000 millones de euros, consolidándose como un pilar fundamental para garantizar el futuro del sistema de pensiones y la estabilidad económica del país.

Los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social en España han aumentado un 7,2% en 2024, superando los 165.000 millones de euros, lo que representa un incremento significativo de 11.174 millones respecto al año anterior. Esta cifra equivale al 10,4% del PIB y refleja una tendencia positiva en el sistema de pensiones y prestaciones. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional también ha contribuido con un aumento del 35,2%, alcanzando casi 3.711 millones de euros. Sin embargo, las cuentas de la Seguridad Social presentan un saldo negativo de 9.834 millones de euros a finales de 2024. Este crecimiento en ingresos se debe principalmente al aumento en las cotizaciones de los trabajadores y las transferencias del Estado.

CEOMA ha solicitado la implementación de "medidas preventivas" para asegurar la sostenibilidad de las pensiones en España. La organización también enfatiza la importancia de formar a los trabajadores sobre su jubilación, destacando la necesidad de prepararse adecuadamente para el futuro. Esta petición surge en un contexto donde la economía y el bienestar de los ciudadanos están en juego, especialmente en relación con la dependencia y las residencias.

El sistema de pensiones sigue siendo un tema candente en la agenda política y social. Las reformas recientes, lejos de ofrecer una solución definitiva, mantienen en el aire la incertidumbre sobre la viabilidad a largo plazo del modelo actual. En este artículo, se examinan las limitaciones de estos cambios y se analizan las perspectivas futuras de un sistema que aún no logra un equilibrio sostenible.

La Seguridad Social ha abonado en febrero 10,3 millones de pensiones a más de 9,3 millones de pensionistas, con una nómina total de 13.455,6 millones de euros. Este mes se aplica una revalorización del 2,8% en las pensiones, y la pensión media se sitúa en 1.307,2 euros, un 4,5% más que el año anterior. Las pensiones de jubilación representan el 73,2% de la nómina total. Además, se observa un aumento en las jubilaciones demoradas y un complemento para reducir la brecha de género que beneficia principalmente a mujeres.

CEOMA ha denunciado el uso demagógico de las pensiones al compararlas con los salarios de los jóvenes. La organización critica que estas comparaciones no reflejan la realidad económica y social, generando confusión y desinformación. Este tema es relevante en el contexto actual de debate sobre las pensiones y la situación laboral de los jóvenes.

El Pensiometro del Instituto Santa Lucia para el IV Trimestre 2024 revela datos significativos sobre el estado actual de las pensiones en España, proporcionando una visión exhaustiva que permite a beneficiarios y futuros pensionistas comprender el entorno económico y social que influye en el sistema. Con un análisis riguroso y datos contrastados, este informe se erige como herramienta clave para la toma de decisiones en materia de jubilación.

Más de 10,4 millones de pensiones contributivas en España se revalorizarán un 2,7% en 2026, según los datos del Índice de Precios de Consumo (IPC) publicados recientemente. Esta revalorización, garantizada por la Ley 21/2021, busca mantener el poder adquisitivo de los pensionistas. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destacó que este incremento beneficiará a aproximadamente 9,4 millones de pensionistas, con un aumento medio anual de 570 euros para quienes reciben pensiones medias.

El equilibrio del sistema de cuidados en España no solo depende de la gestión asistencial, sino de la salud de las arcas públicas. El informe AP 2026-04 de FEDEA analiza cómo el gasto en protección social está alcanzando niveles históricos este año. Para los gestores del sector, la advertencia es clara: el fuerte incremento del gasto en pensiones contributivas está "succionando" una parte creciente del presupuesto, lo que reduce el espacio para reforzar la Ley de Dependencia.

España acaba de alcanzar un punto de no retorno demográfico. Según los últimos datos analizados por el CSIC, ya somos más de 10 millones de personas mayores de 65 años. Este dato, que debería ser motivo de orgullo por nuestra alta esperanza de vida, es también una señal de alarma. El envejecimiento no es un "problema" a resolver, sino una nueva realidad que nos obliga a repensar desde cómo diseñamos las ciudades hasta cómo vamos a financiar el bienestar de una sociedad que vive más años.

CEOMA denuncia que la reciente rebaja fiscal en el IRPF, aprobada por el Gobierno, olvida a los pensionistas y autónomos. El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, critica que solo se beneficien los asalariados con deducciones fiscales, dejando fuera a quienes perciben pensiones iguales al Salario Mínimo Interprofesional. La organización insta al Gobierno a revisar esta medida para incluir a todos los colectivos, argumentando que es discriminatoria y no refleja un enfoque social. CEOMA representa a más de 800.000 socios y defiende los derechos de las personas mayores en España. Para más información, visita www.ceoma.org.

España se encuentra en una encrucijada económica. Mientras la esperanza de vida sigue creciendo, la sostenibilidad de los ingresos durante la vejez se ha convertido en el centro del debate público. Un detallado informe difundido por el Instituto Santalucía arroja luz sobre una realidad compleja: aunque España tiene un sistema de pensiones que protege relativamente bien frente a la pobreza extrema, la dependencia casi total de la pensión pública sitúa a nuestros mayores en una posición de vulnerabilidad ante los cambios demográficos que se avecinan.

La gran mayoría de las personas mayores en España tiene un deseo claro: envejecer en su casa, rodeada de sus recuerdos y su entorno de confianza. Sin embargo, el informe "Una llave para nuestro futuro", elaborado por la asociación Provivienda, pone el foco en una realidad preocupante. La falta de ascensores, las pensiones que no cubren los alquileres y la soledad no deseada son barreras que están obligando a muchas personas a abandonar sus hogares contra su voluntad.

El Consejo de Ministros ha aprobado formalmente el real decreto que articula la revalorización de las pensiones y prestaciones públicas para el ejercicio 2026. Esta medida, que afecta a cerca de 13 millones de personas, consolida el modelo de actualización automática vinculado a la inflación.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha solicitado urgentemente medidas para aumentar las pensiones más bajas y el desarrollo de un Plan Estratégico que aborde los desafíos de la nueva longevidad. En un reciente diálogo organizado con Servimedia, se destacó que cerca del 50% de los pensionistas perciben menos de 841 euros al mes, lo que los sitúa en riesgo de pobreza. La PMP propone elevar las pensiones mínimas y mejorar el acceso a servicios públicos esenciales. Además, se enfatizó la importancia de una Ley Integral de Derechos para las Personas Mayores y un enfoque holístico en políticas que promuevan la equidad intergeneracional. Los expertos coincidieron en que la colaboración entre generaciones es clave para construir un sistema de bienestar sostenible. Para más información, visita el artículo completo en el enlace.

El envejecimiento poblacional y su impacto en la economía española representan retos crecientes para la sostenibilidad fiscal y social. La OCDE proyecta un aumento del gasto en pensiones en 3,2 puntos del PIB y un incremento del gasto total asociado al envejecimiento de 5,2 puntos hasta 2050. Estas cifras reflejan la necesidad de reformas estructurales para garantizar el equilibrio y la viabilidad del sistema de protección social.

Envejecer con salud no es solo una cuestión de genética; el entorno, la eficiencia del sistema sanitario y la calidad del aire juegan un papel determinante. Un exhaustivo estudio publicado por Compare the Market ha analizado diversos factores clave en las naciones de la OCDE para determinar cuáles son los países más saludables para las personas mayores. Desde la esperanza de vida a los 60 años hasta los niveles de felicidad y el coste de vida, este ranking nos ofrece una radiografía de las sociedades que mejor cuidan su longevidad.

En 2025 España ha alcanzado un nuevo máximo histórico de envejecimiento de la población, con un índice de envejecimiento del 148%. Este dato, que mide el número de personas mayores de 64 años por cada 100 menores de 16, refleja un profundo desequilibrio demográfico que se concentra de forma muy desigual entre comunidades autónomas. En este artículo se analizan las cifras oficiales por CCAA, se identifican las regiones más envejecidas y se comentan las implicaciones para la gestión de la dependencia, los servicios sociales y las políticas de cuidados.

Si cobras una pensión española y vives fuera del país, presta mucha atención porque las reglas han cambiado por completo. Ya no basta con dar señales de vida una vez al año. Para evitar que te corten el pago de la pensión, la Seguridad Social ha establecido un nuevo calendario mucho más estricto que empieza ahora mismo y que se endurecerá aún más el próximo año.

La publicación del Real Decreto-ley 16/2025 en el BOE pretende proyectar una imagen de seguridad para los pensionistas, pero los datos esconden sombras. Aunque el Capítulo III oficializa una subida general del 2,7%, la realidad es que el incremento apenas compensa la carestía de la cesta de la compra para las rentas medias.

El artículo "La imaginaria generosidad de las pensiones no tiene la culpa", escrito por el economista Antonio González, refuta la idea de que las pensiones públicas en España son excesivamente generosas. A través de un análisis encargado por la Plataforma de Mayores y Pensionistas, se argumenta que el aumento en la Tasa de Reemplazo se debe a factores estadísticos y a la caída de ingresos en ciertos grupos etarios, más que a una mejora real en las pensiones.

Las previsiones oficiales sitúan la subida de las pensiones para 2026 en torno al 2,7 %, siguiendo el mecanismo de actualización ligado al Índice de Precios de Consumo. La revalorización afectará a jubilaciones contributivas, pensiones mínimas, no contributivas y Clases Pasivas, consolidando la protección del poder adquisitivo en un contexto inflacionario moderado.

El envejecimiento demográfico ya no es un fenómeno futuro: es una realidad que está transformando la estructura del gasto público en España. Según el análisis de AIReF, el incremento de personas mayores impulsará un crecimiento sostenido del gasto en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración. La institución alerta de que, sin una revisión profunda de políticas y financiación, la estabilidad del Estado del bienestar podría verse comprometida durante las próximas décadas.

El estudio de la revista Neurology (DOI: 10.1212/WNL.0000000000214402) ha dejado una cifra grabada a fuego para los gestores públicos: el 50% de la demencia es evitable. Si extrapolamos los datos de Estados Unidos a la realidad española, el ahorro potencial para el Estado es masivo.

Para el portal Gestión y Dependencia, este cambio de enfoque es crucial. Ya no basta con gestionar la cronicidad; hay que evitar que esta llegue a su fase de dependencia total. Un gestor del SNS debe ver el control de la tensión arterial o la diabetes no solo como un acto clínico, sino como un cortafuegos financiero. A continuación, analizamos las métricas y estrategias que el sistema público debe adoptar para garantizar que nuestra longevidad no quiebre las cuentas del Estado.

El trigésimo aniversario del Pacto de Toledo ha motivado un análisis exhaustivo elaborado por Octavio Granado para el Instituto Santalucía. El informe revisa la evolución del sistema público de pensiones, identifica aciertos y errores en su aplicación y alerta sobre los retos demográficos, financieros y laborales que condicionarán la sostenibilidad futura del modelo español de protección social.

El mercado de trabajo en España presenta una contradicción dolorosa para quienes superan los 55 años. Mientras el discurso institucional ensalza la experiencia y la madurez, la realidad de las cifras revela un escenario de discriminación sistémica y vulnerabilidad. Según un reciente análisis de la Fundación BBVA y el IVIE, este colectivo se enfrenta a una "trampa" de desempleo de larga duración que no solo agota sus recursos económicos, sino que compromete su futura jubilación y salud mental.

En 2025, la palabra más buscada en Google España dentro del apartado “qué significa” no ha sido un término tecnológico ni una moda pasajera, sino “edadismo”. El dato no es anecdótico. Refleja una inquietud social profunda en un país que envejece rápidamente y que empieza a cuestionar estereotipos, prácticas discriminatorias y modelos sociales que penalizan la edad. Que millones de personas hayan necesitado definir este concepto indica que el edadismo ha dejado de ser un término académico para convertirse en una experiencia cotidiana reconocida.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo, de 10 de julio de 2025, ha ampliado el marco interpretativo sobre la posibilidad de que los jubilados trabajen sin darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. La resolución aporta seguridad jurídica a miles de pensionistas que realizan actividades económicas de bajo rendimiento, siempre que sus ingresos no superen el Salario Mínimo Interprofesional.

El Laboratorio de Envejecimiento en Red del CSIC ha presentado un informe que destaca la creciente desigualdad y dependencia entre las personas mayores en España. Este estudio, titulado "Un perfil de las personas mayores en España: Indicadores básicos 2025", revela que, a pesar del aumento en la esperanza de vida, muchos años se viven con enfermedades crónicas y discapacidad. El informe también señala el incremento del gasto en pensiones y salud, así como las profundas desigualdades por género, territorio y nivel educativo. Se proponen medidas para adaptar el sistema de atención a la dependencia y fomentar el envejecimiento activo.

La Encuesta FUNCAS 2025 sobre Pensiones y Educación Financiera pone números a una intuición extendida: confiamos en el sistema público, pero no entendemos bien cómo funciona. El dato central es claro: solo uno de cada ocho adultos identifica correctamente de dónde salen los ingresos del sistema y sitúa con acierto la pensión media.

El envejecimiento poblacional acentúa la relevancia de disponer de datos fiables sobre demografía, salud, economía y condiciones sociales de las personas mayores. El informe “Indicadores básicos 2025” del Laboratorio Envejecimiento en Red del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) entrega una radiografía actualizada que permite entender los retos estructurales del envejecimiento en España y fundamentar políticas de dependencia, salud pública y bienestar social.

El Pensiómetro del Instituto Santalucía correspondiente al segundo trimestre de 2025 ofrece una radiografía precisa de la situación actual del sistema público de pensiones en España. El informe confirma una tendencia al alza en el gasto y una presión creciente derivada del envejecimiento poblacional, la baja natalidad y las jubilaciones masivas de la generación del baby boom.

La noticia "Una guerra intergeneracional que no tiene sentido" aborda el conflicto entre generaciones, especialmente entre los boomers y las generaciones más jóvenes, como los millennials y la Generación Z. Se discuten las acusaciones de privilegios hacia los boomers, quienes poseen viviendas y reciben pensiones, frente a la precariedad laboral y habitacional que enfrentan los jóvenes. A pesar de las críticas mutuas, se argumenta que estas tensiones son distracciones de problemas estructurales más profundos relacionados con políticas públicas inadecuadas.

La “edad de oro” de parte de la generación del baby boom ha abierto un debate incómodo: ¿cómo es posible que muchos padres vivan mejor que sus hijos en el mismo país y con más Estado del bienestar que nunca?.

A partir del 1 de enero de 2026, la base reguladora de la pensión de jubilación en España podrá calcularse mediante dos métodos: el vigente que suma los últimos 25 años cotizados o una nueva fórmula que amplía progresivamente el periodo de cómputo hasta 29 años y descarta los dos peores años. Este sistema dual, aprobado por el Real Decreto‑ley 2/2023, busca equidad, sostenibilidad y suficiencia, beneficiando especialmente a quienes tuvieron carreras irregulares.

El IMSERSO inicia una nueva temporada de turismo para pensionistas con rentas bajas, ofreciendo más de 7.400 plazas a solo 50 euros. Esta iniciativa busca garantizar el acceso a viajes para quienes reciben prestaciones iguales o inferiores a las pensiones no contributivas. A partir del 6 y 8 de octubre, los pensionistas podrán reservar sus viajes para la temporada 2025-2026, que incluye la posibilidad de viajar con mascotas. Este programa no solo promueve un envejecimiento activo y la socialización entre mayores, sino que también contribuye al empleo y a la economía turística del país.

Las nuevas Proyecciones de Población 2024-2074 del Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman las tendencias que marcarán la evolución demográfica en España: descenso de la natalidad, aumento de la esperanza de vida y un progresivo envejecimiento de la población.

El XXXII Congreso Anual de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales (AEDYGSS) ha reunido a expertos de toda España para analizar los retos del sistema de servicios sociales. La cita se centró en la necesidad de un cambio estructural que garantice derechos, equidad y sostenibilidad, con la mirada puesta en la atención a las personas más vulnerables.

En la España actual, coexisten realidades tan distintas que parecen sacadas de universos paralelos. Mientras un pensionista "disfruta" de sus 945 € mensuales tras una vida de trabajo, el autónomo malabarea con una pequeña empresa entre cuotas y nóminas que pagar. Y, por supuesto, está el diputado, debatiendo leyes con coche oficial, dietas y un sueldo que ya querría para sí la mayoría. Este artículo te invita a un recorrido, con un toque de sorna —y mucha verdad—, por las rutinas, los dilemas y el abismo salarial que separa a estos tres protagonistas de nuestra cotidianidad.

El sistema público de pensiones en España encara un futuro complejo marcado por el envejecimiento poblacional y un gasto creciente. Según el informe elaborado por Miguel Ángel García Díaz para el Instituto Santalucía, las medidas adoptadas desde 2020 han garantizado pensiones más generosas pero sin resolver el creciente desequilibrio financiero.

La pensión media de la Seguridad Social en España alcanzó los 1.309,1 euros en abril de 2025, un incremento del 4,5% respecto al año anterior. En total, se abonaron más de 10 millones de pensiones, con una nómina que superó los 13.500 millones de euros. La mayoría de los pensionistas son hombres (4,7 millones) y mujeres (4,6 millones). Las pensiones de jubilación representan el 73,1% del total, con una media de 1.503,3 euros mensuales. Además, se ha observado un aumento en las jubilaciones demoradas, que ahora constituyen el 11,2% de las nuevas altas.