Analizamos el Índice DEC 2021, que proporciona una completa radiografía del estado de los servicios sociales en España. Se observa cómo la pandemia ha frenazo la tímida recuperación que veníamos observando durante los últimos años, así como enormes desigualdades entre comunidades autónomas. Y hablamos de las recetas para armonizar en cada región el acceso a servicios en condiciones de igualdad y calidad.
¿Cuál es la principal conclusión que destacaría del Índice DEC 2021?
El Índice DEC describe la situación de los servicios sociales tras el impacto de la pandemia, y el resultado es que se quiebra la débil recuperación que se venía constatando desde 2016. La pandemia frena la recuperación de los servicios sociales, y parece que el incremento del gasto de la comunidades autónomas y entidades locales en servicios sociales no ha repercutido en una mayor cobertura y oferta de los servicios en el año de la pandemia.
Además, 2 de cada 3 personas en España viven en comunidades autónomas con servicios sociales débiles o irrelevantes, lo que es preocupante porque cuando más necesitan de los servicios sociales, estos están débiles como para atender a las necesidades básicas de las personas más vulnerables.
¿Este frenazo puede explicarse por el hecho de que se haya traspasado parte de esta inversión en servicios sociales a reforzar el sistema sanitario para hacer frente a la pandemia?
Yo creo que este frenazo es producto, por una parte, de que las comunidades autónomas dejaron de invertir en servicios sociales, porque solo ha habido cinco que mejoran su puntuación respecto al DEC de 2020: Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña y La Rioja. Se incrementa el gasto de las entidades locales, pero desciende la inversión de las comunidades autónomas para servicios sociales.
Si hacemos la evolución de los 10 años, podemos ver que hemos afrontado dos crisis, una con grandes recortes que se prolongaron hasta 2014, y la crisis del COVID, que ha provocado que la cobertura de prestación y servicios no se haya incrementado en la medida en que lo ha demandado la sociedad producto de esa crisis.
En el Índice DEC 2021 se observa cómo comunidades como el País Vasco destinaron 971 euros por habitante a servicios sociales, mientras que otras como Murcia apenas han destinado 317. Es tres veces más lo que destina el País Vasco que lo que destina Murcia, a pesar de que las necesidades de las personas son las mismas. ¿Cómo se puede explicar que algunas comunidades destinen tan poco dinero?
Está la prioridad política e institucional que da la comunidad autónoma a este sistema público de protección social tan necesario en este momento.
Pero hay que advertir que gastar más no significa invertirlo mejor. Algunas comunidades, no gastando una gran cantidad de dinero en comparación con otras, tienen una mejor cobertura. Castilla y León o Castilla-La Mancha tienen una relación de cobertura y gasto más equilibrada que otras que invierten más, como Canarias o Extremadura, pero tienen menor desarrollo en relación con lo que invierten.
¿Se gasta el dinero en servicios sociales de manera eficiente en España?
Yo creo que la eficiencia es bastante aceptable en líneas generales, pero hay desigualdad territorial El informe DEC advierte que las comunidades autónomas con mayor descentralización de los servicios sociales en las entidades locales, tienen una mejor cobertura y mayor eficiencia que aquellas que tienen más centralizados los servicios sociales a nivel de estructura.
Podemos decir que cuanta más descentralización de los servicios sociales existe, dando protagonismo a las entidades locales por el valor de la proximidad, se plantea mayor eficiencia, porque se simplifican los procedimientos y se combate el terrible problema histórico de los servicios sociales: la burocracia.
El Índice DEC 2021 también destina espacio al tema del personal. Se observan grandes diferencias, una vez más, entre comunidades autónomas, ya que algunas tienen una mayor ratio y, otras, menos. ¿Cómo ve el panorama?
Está claro que la red, cuando se hace próxima al ciudadano y tenemos una cobertura de profesional por habitante, hace que el acceso a los recursos de los servicios sociales funcione de manera más ágil. Para eso, si miramos la ratio que tiene Navarra de trabajadores técnicos por habitante, vemos que hay un trabajador por cada 739 habitantes. Si lo llevamos a otras comunidades, como Madrid, está por encima de 5.515 usuarios por cada trabajador. Esto hace que Madrid tenga los peores servicios sociales de toda España. Si la ratio fuera superior, el acceso a los servicios sociales y a la cobertura sería mayor.
Dado que hay tantas diferencias entre regiones, ¿habría que armonizar normativas, a través de algún tipo de normativa estatal, para establecer unas bases como se está haciendo en residencias de mayores?
Por una parte, en centros y servicios de atención a la dependencia se han acordado unos mínimos exigibles a todas las comunidades autónomas, lo que plantearía una mayor igualdad de desarrollo del sistema en cada territorio. Confiemos en que el año que viene se apruebe la Ley de Servicios Sociales a nivel estatal para que marque unos mínimos que garanticen una atención adecuada y de calidad de todos los ciudadanos, independientemente de la comunidad autónoma en la que vivan.
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