El sistema público de pensiones introduce un cambio relevante para las personas con discapacidad. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha anunciado la incorporación de 11 nuevas patologías al listado que permite acceder a la jubilación anticipada por razón de discapacidad. La medida facilitará que determinados trabajadores con un grado de discapacidad igual o superior al 45% puedan adelantar su retiro sin penalización en su pensión, siempre que cumplan las condiciones establecidas por la normativa. El objetivo es adaptar la regulación a la realidad médica actual y mejorar la protección social de quienes conviven con enfermedades graves o degenerativas.

El equilibrio del sistema de cuidados en España no solo depende de la gestión asistencial, sino de la salud de las arcas públicas. El informe AP 2026-04 de FEDEA analiza cómo el gasto en protección social está alcanzando niveles históricos este año. Para los gestores del sector, la advertencia es clara: el fuerte incremento del gasto en pensiones contributivas está "succionando" una parte creciente del presupuesto, lo que reduce el espacio para reforzar la Ley de Dependencia.

La radiografía de la inversión social en el ámbito municipal español ofrece este año una lectura agridulce. Según el último informe de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, el número de ayuntamientos que alcanzan la excelencia en su inversión se ha reducido sensiblemente, pasando de los 34 consistorios del ejercicio anterior a los actuales 27. Este retroceso no es una cuestión meramente estadística, sino que refleja las dificultades estructurales que enfrentan las administraciones locales para mantener el ritmo de protección ciudadana en un contexto de inflación y presión asistencial creciente.

El informe alerta de una fuerte caída en el número de beneficiarios, recortes presupuestarios en numerosas comunidades autónomas y un aumento de la desigualdad territorial. Los hallazgos apuntan a un debilitamiento de esta red de seguridad esencial para prevenir la pobreza severa.

A partir del 1 de enero de 2026, la base reguladora de la pensión de jubilación en España podrá calcularse mediante dos métodos: el vigente que suma los últimos 25 años cotizados o una nueva fórmula que amplía progresivamente el periodo de cómputo hasta 29 años y descarta los dos peores años. Este sistema dual, aprobado por el Real Decreto‑ley 2/2023, busca equidad, sostenibilidad y suficiencia, beneficiando especialmente a quienes tuvieron carreras irregulares.

Las personas con Alzheimer y otras demencias siguen sin recibir el apoyo adecuado en el marco de la Ley de Dependencia. CEAFa ha alzado la voz exigiendo una reforma profunda y urgente del sistema, alertando de la desconexión entre las prestaciones existentes y las necesidades reales de las familias afectadas.

Loles López, consejera de Inclusión Social de Andalucía, ha instado al PSOE-A a exigir al Gobierno central la misma financiación para los dependientes andaluces que se otorga a los vascos. Durante una Comisión de Inclusión Social, López criticó al Grupo Socialista por no defender los intereses de Andalucía y acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de no cumplir con sus obligaciones en materia de dependencia. La Junta de Andalucía ha incrementado el financiamiento para residencias y servicios de ayuda a domicilio, mientras que el Gobierno central ha recortado fondos destinados a políticas sociales. López también abordó problemas en la atención a menores migrantes, subrayando la falta de apoyo del Gobierno central en esta área.

Un reciente estudio de los economistas Eladio Febrero y Fernando Bermejo de la Universidad de Castilla La Mancha destaca el papel fundamental de las pensiones en la economía española. Publicado en la Review of Political Economy, el análisis revela que las pensiones no solo son un gasto necesario, sino que actúan como un motor de crecimiento económico, impulsando la producción y el empleo. En 2021, las pensiones representaron el 8% del PIB y generaron más de 1.2 millones de empleos equivalentes a tiempo completo. Además, por cada euro gastado en pensiones, el Gobierno recuperó aproximadamente 42 céntimos en impuestos, lo que demuestra su impacto positivo en las arcas públicas. Este estudio invita a reconsiderar la percepción sobre las pensiones como una carga económica y resalta su importancia como parte esencial de la demanda autónoma.

El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley para reformar las leyes de Dependencia y Discapacidad, presentado por Pablo Bustinduy. Esta reforma busca revertir recortes anteriores, garantizar más derechos y ampliar el catálogo de servicios. Se suprimirá el régimen de incompatibilidades en prestaciones de dependencia y se eliminará el plazo suspensivo para las ayudas económicas. Además, se reconocerán nuevos derechos como la teleasistencia universal y la accesibilidad. La ley también abordará la situación de las personas cuidadoras no profesionales y prohibirá la discriminación en seguros por discapacidad. Con este cambio normativo, el Gobierno pretende asegurar una atención integral y promover la autonomía personal.