Loles López, consejera de Inclusión Social de Andalucía, ha instado al PSOE-A a exigir al Gobierno central la misma financiación para los dependientes andaluces que se otorga a los vascos. Durante una Comisión de Inclusión Social, López criticó al Grupo Socialista por no defender los intereses de Andalucía y acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de no cumplir con sus obligaciones en materia de dependencia. La Junta de Andalucía ha incrementado el financiamiento para residencias y servicios de ayuda a domicilio, mientras que el Gobierno central ha recortado fondos destinados a políticas sociales. López también abordó problemas en la atención a menores migrantes, subrayando la falta de apoyo del Gobierno central en esta área.

Un reciente estudio de los economistas Eladio Febrero y Fernando Bermejo de la Universidad de Castilla La Mancha destaca el papel fundamental de las pensiones en la economía española. Publicado en la Review of Political Economy, el análisis revela que las pensiones no solo son un gasto necesario, sino que actúan como un motor de crecimiento económico, impulsando la producción y el empleo. En 2021, las pensiones representaron el 8% del PIB y generaron más de 1.2 millones de empleos equivalentes a tiempo completo. Además, por cada euro gastado en pensiones, el Gobierno recuperó aproximadamente 42 céntimos en impuestos, lo que demuestra su impacto positivo en las arcas públicas. Este estudio invita a reconsiderar la percepción sobre las pensiones como una carga económica y resalta su importancia como parte esencial de la demanda autónoma.

El Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley para reformar las leyes de Dependencia y Discapacidad, presentado por Pablo Bustinduy. Esta reforma busca revertir recortes anteriores, garantizar más derechos y ampliar el catálogo de servicios. Se suprimirá el régimen de incompatibilidades en prestaciones de dependencia y se eliminará el plazo suspensivo para las ayudas económicas. Además, se reconocerán nuevos derechos como la teleasistencia universal y la accesibilidad. La ley también abordará la situación de las personas cuidadoras no profesionales y prohibirá la discriminación en seguros por discapacidad. Con este cambio normativo, el Gobierno pretende asegurar una atención integral y promover la autonomía personal.