Los derechos digitales son la extensión de los derechos ciudadanos al entorno digital, garantizando la protección de principios fundamentales como la privacidad, libertad de expresión y acceso a internet. Cada país desarrolla su propia Carta de Derechos Digitales, adaptando estos principios a sus necesidades. En España, el Gobierno ha creado el Observatorio de Derechos Digitales para promover y asegurar la implementación de estos derechos en la era digital. Este programa, financiado por los Fondos Next Generation EU, busca combatir la desigualdad y proteger a grupos vulnerables en línea. Para más información sobre cómo proteger tus derechos digitales, visita el enlace.

CEOMA ha denunciado que casi el 60% de los parados en España son mayores de 45 años, destacando la discriminación por edad en el acceso al empleo. Según datos de diciembre de 2024, las empresas prefieren contratar a candidatos más jóvenes, ignorando la valiosa experiencia y habilidades que poseen los trabajadores mayores. CEOMA exige políticas inclusivas que promuevan la igualdad de oportunidades, como formación continua y programas de mentoring. Además, se subraya la difícil situación laboral de las mujeres mayores de 50 años, quienes enfrentan aún más barreras para encontrar empleo. La organización aboga por medidas que reconozcan y aprovechen el potencial de todos los trabajadores, independientemente de su edad.

El derecho al olvido oncológico es una nueva medida en España que permite a los pacientes de cáncer no tener que declarar su historial médico al contratar seguros o productos bancarios, cinco años después de finalizar su tratamiento sin recaídas. Esta iniciativa, aprobada en el Real Decreto-ley del 27 de junio de 2023, busca evitar la discriminación y garantizar la igualdad de oportunidades para quienes han padecido esta enfermedad. La normativa prohíbe cláusulas que excluyan a personas por haber tenido cáncer y facilita la eliminación de datos médicos anteriores.

En un acto celebrado en la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, la consejera Loles López anunció la adhesión del Gobierno andaluz al Observatorio Sectorial del Servicio de Ayuda a Domicilio, resaltando el compromiso del Ejecutivo con la ampliación y fortalecimiento del servicio, que en 2024 incorporó a más de 7.700 beneficiarios, elevando el total a más de 163.700 usuarios.

Loles López, consejera de Inclusión Social, inauguró la nueva residencia para personas mayores 'Teresa Montes' en Alhendín, Granada, que ofrecerá 90 plazas. En el evento, destacó la colaboración entre diversas instituciones y la importancia de crear un entorno acogedor para los residentes. La residencia, diseñada con un enfoque centrado en la persona, contará con cinco unidades de convivencia equipadas para brindar una experiencia similar a la del hogar. Además, se han realizado inversiones significativas en urbanización para mejorar el entorno del centro. Esta inauguración representa un avance en el cuidado y atención a las personas mayores en Andalucía.

Andalucía presenta un innovador proyecto a la Unión Europea para promover el envejecimiento activo de las personas mayores en zonas rurales. La iniciativa, denominada 'Serenity', busca fortalecer los servicios comunitarios y fomentar la 'silver economy', que abarca actividades y productos dirigidos a mayores de 50 años. Con un presupuesto de 1,6 millones de euros y una duración de 36 meses, el proyecto está liderado por el ayuntamiento de Lorquí y cuenta con la colaboración de entidades de Francia, Portugal, Aragón y Murcia. Se enfoca en crear espacios inclusivos que combatan la soledad no deseada y mejoren la calidad de vida de los mayores, promoviendo su participación activa en la comunidad. Este esfuerzo se alinea con la estrategia del Gobierno andaluz para impulsar el bienestar emocional y social de las personas mayores.

A pesar de los esfuerzos por incluir nuevas vacunas específicas para los adultos mayores, el foco en esta población sigue siendo insuficiente.
Una percepción errónea de los riesgos y la desinformación subestima el valor de las vacunas ante infecciones potencialmente graves o molestas.

El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España ha lanzado una guía para promover la accesibilidad universal en pueblos y ciudades, en colaboración con la Fundación ONCE. Este documento revela que solo el 0,6% de las viviendas en España son accesibles, lo que afecta a millones de personas. La guía, titulada 'Documenta Ciudad y Territorio Justo. Accesibilidad Universal', propone 142 acciones concretas para mejorar la inclusión en entornos urbanos y rurales. La presentación del informe incluyó la participación de expertos y autoridades en accesibilidad, destacando la necesidad de un enfoque colaborativo entre arquitectos, administraciones y ciudadanía para crear espacios inclusivos. Para más información, visita el enlace.

La Junta de Andalucía ha logrado una gestión en tiempo récord de las subvenciones correspondientes al 0,7% del IRPF, con un presupuesto de 65 millones de euros. La nueva Dirección General de Prestaciones, Ayudas y Subvenciones ha facilitado la tramitación de 436 expedientes, que comenzarán a recibir pagos en enero, mejorando los plazos anteriores. Este avance se debe a la implementación de nuevas bases reguladoras y a un aumento significativo en el número de solicitudes, alcanzando casi 2,000. La Consejería busca garantizar una administración más ágil y eficiente para beneficiar a casi un millón de andaluces. Para más información, visita el enlace.

La Fundación Vitalia ha donado 17 cabras al poblado de Kithunti en Kenia, mejorando significativamente la calidad de vida de sus habitantes. Esta iniciativa, en colaboración con la asociación Wendano We, proporciona una cabra a cada una de las 15 familias del lugar y dos machos cabríos para la comunidad. La cría de cabras ofrecerá ingresos sostenibles y acceso a leche nutritiva, beneficiando especialmente a niños y mujeres embarazadas. Este proyecto se suma a otras acciones anteriores de Vitalia, como la instalación de un pozo con energía solar y mejoras en la escuela local, reafirmando su compromiso con el desarrollo comunitario y la inclusión social. Para más detalles, visita el enlace.

HelpAge España ha presentado el informe 'Los derechos personalísimos y la privacidad de las personas mayores', que analiza cómo el edadismo afecta a derechos fundamentales como la intimidad y la protección de datos. Durante la presentación, se destacó la necesidad de redefinir los estándares de cuidado en residencias, donde los derechos a la privacidad e intimidad suelen ser vulnerados. El informe incluye recomendaciones para administraciones y sociedad civil, buscando garantizar la dignidad y derechos de las personas mayores. Este estudio es un llamado a transformar la percepción social sobre este colectivo y promover políticas inclusivas. Para más información, accede al informe completo en el enlace proporcionado.

HelpAge International España ha presentado un informe titulado "Los derechos personalísimos y la privacidad de las personas mayores", destacando la importancia del derecho a la intimidad en este colectivo. El evento, celebrado el 16 de enero, reunió a expertos que analizaron cómo el edadismo afecta derechos fundamentales como la privacidad y la protección de datos. El informe revela vulneraciones en áreas como los cuidados sociosanitarios y las residencias, y propone soluciones para garantizar estos derechos. Se hace un llamado a la acción para transformar la percepción social sobre las personas mayores y avanzar hacia políticas inclusivas que respeten su dignidad. Para más detalles, visita el enlace.

La Junta de Andalucía ha convocado la séptima edición de los Premios ‘Andalucía + Social’ para 2024, que reconocen el esfuerzo de personas y entidades en el ámbito de los servicios sociales. Estos galardones abarcan trece modalidades, incluyendo protección social, dependencia, discapacidad, violencia de género y cooperación internacional. El plazo para presentar candidaturas finaliza el 31 de enero de 2025. Las bases completas están disponibles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Los premios buscan fomentar la participación e inclusión social en toda Andalucía.

La Junta de Andalucía ha convocado a las entidades del tercer sector a participar en la línea de subvenciones de 48,1 millones de euros para la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social (Eracis+). Esta iniciativa, que cierra el 20 de enero, busca intervenir en 96 zonas desfavorecidas y tiene como objetivo mejorar la inclusión social y laboral de personas en riesgo de exclusión. La consejera Loles López destacó la importancia del trabajo en red entre administraciones y entidades sociales para abordar eficazmente la exclusión social. La Eracis+ se desarrolla en colaboración con el Fondo Social Europeo y prevé una inversión total de 184 millones de euros.

La Junta de Andalucía ha aprobado un aumento del 4,5% en la ayuda extraordinaria para pensiones no contributivas y asistenciales, beneficiando a casi 98,000 andaluces. Esta medida, impulsada por la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, se implementará en 2025 y busca mejorar la situación socioeconómica de las personas más vulnerables. La cuantía individual para pensiones no contributivas será de 186,45 euros, mientras que las ayudas del Fondo de Asistencia Social y el Subsidio de Garantías de Ingresos Mínimos alcanzarán los 1,803 euros anuales. Los pagos se realizarán automáticamente sin necesidad de solicitud previa. Esta iniciativa responde a la necesidad de complementar las prestaciones existentes y asegurar el bienestar de quienes carecen de recursos básicos.

La Junta de Andalucía ha aprobado el nuevo Plan General de Inspección de los Servicios Sociales para 2025-2027, que incluye acciones presenciales y no presenciales en diversos sectores, especialmente en centros residenciales para mayores y personas con discapacidad. Este plan busca supervisar el cumplimiento de la normativa vigente y mejorar la atención asistencial mediante un enfoque centrado en la persona. Se estructura en cuatro objetivos estratégicos y establece un marco común para las inspecciones provinciales, promoviendo la homogeneización de criterios y la formación del personal inspector. Además, se recupera el sistema de autodeclaraciones para centros de servicios sociales, lo que permitirá un mejor control y cumplimiento normativo. La duración del plan es de tres años, con evaluaciones anuales sobre su efectividad.